Por Nancy Cardozo

La Argentina comienza noviembre frente a una contradicción que el discurso del equilibrio fiscal no consigue resolver: ordenar las cuentas en pesos no garantiza disponer de los dólares necesarios para pagar la deuda. Este lunes vence una obligación con el Fondo Monetario Internacional por unos 800 millones de dólares, mientras el último saldo conocido de depósitos del Tesoro en moneda extranjera alcanzaba los 851 millones, al 28 de octubre. Si esos recursos se utilizaran íntegramente y no hubiera otros movimientos, quedarían apenas 51 millones. Es una cuenta condicional, pero revela la estrechez del margen disponible.

Al momento de las fuentes consultadas, no estaba confirmado el mecanismo de cancelación. Entre las alternativas aparecía comprar dólares al Banco Central con depósitos del Tesoro en pesos. Esa operación no crea divisas: cambia su titularidad dentro del sector público y, cuando se concreta el pago externo, los dólares salen del país. Conviene distinguir, además, la caja del Tesoro de las reservas del BCRA: son conceptos relacionados, pero no intercambiables.

El Gobierno espera recibir alrededor de 900 millones de dólares del FMI, aunque el acuerdo técnico de la tercera revisión todavía requiere aprobación del Directorio, cuyo tratamiento se prevé para principios de diciembre. El ingreso esperado no resuelve por sí mismo el vencimiento inmediato. La secuencia vuelve a mostrar una dependencia persistente: pagar mientras se aguarda la autorización del acreedor para recibir el siguiente desembolso.

2027: la cuenta que ya condiciona el presente

El horizonte más exigente está a pocas semanas. En enero, el Tesoro deberá afrontar aproximadamente 4.500 millones de dólares con bonistas, según la información publicada este lunes.

Para todo 2027, un cálculo de la consultora LCG ubica los vencimientos en moneda estadounidense cerca de 25.900 millones de dólares: 12.700 millones en bonos, 7.800 millones con el FMI y 5.400 millones con otros organismos. Son obligaciones brutas; una parte puede refinanciarse. La diferencia entre lo que vence y los recursos efectivamente asegurados es, de manera precisa, el centro del problema.

El Ministerio de Economía sostiene que el programa financiero de 2027 está íntegramente cubierto. LCG, en cambio, advierte que varias fuentes previstas —colocaciones locales, compras de dólares al Central, privatizaciones y remanentes de caja— todavía presentan incertidumbre. La consultora también reconoce que el superávit primario y un saldo externo probablemente positivo reducen el riesgo de escenarios extremos. La discusión, entonces, exige distinguir un esquema de financiamiento anunciado de los fondos disponibles y las operaciones ya concretadas.

El presupuesto también distribuye los costos

El proyecto de Presupuesto 2027 muestra cuánto pesa la deuda sobre las cuentas del Estado. El Gobierno calcula que recaudará más de lo que gastará, pero el pago de intereses se llevará casi todo ese excedente. Y todavía deberá conseguir recursos para devolver el capital que vence.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto prevé que las jubilaciones y los fondos para los hospitales nacionales aumenten por encima de la inflación. Al mismo tiempo, la ayuda alimentaria perdería poder de compra y se reducirían los subsidios a la energía y al transporte.

Aunque son medidas propuestas, muestran qué prioridades tiene el presupuesto. Para las familias, esos recortes podrían traducirse en una ayuda que alcanza para menos y una mayor parte del bolsillo destinada a pagar servicios y transporte.

Washington vota; la Argentina queda expuesta

Otra de las aristas el riesgo país que cerró el viernes en 791 puntos básicos. Ese indicador representa una sobretasa respecto de los bonos estadounidenses: si la tasa de referencia externa aumenta, el financiamiento argentino puede encarecerse incluso sin cambios en su propio diferencial. La combinación dificulta refinanciar vencimientos a costos sostenibles.

Por otro lado, este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebra sus elecciones federales de medio término. El resultado puede modificar el margen político de Donald Trump y las expectativas sobre sus políticas fiscales, comerciales y exteriores. Sin embargo, ninguna victoria electoral determina automáticamente una baja del riesgo argentino: las tasas también dependen de la Reserva Federal y de las condiciones económicas.

La lectura crítica es otra: cuanto más dependa la estrategia argentina del financiamiento externo y del respaldo político estadounidense, mayor será su exposición a decisiones que la sociedad argentina no controla.

El Banco Central y el alcance de la autonomía

En ese contexto avanza la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa concentra su misión en preservar el valor de la moneda y restringe el financiamiento al sector público. El argumento oficial es institucionalizar la disciplina monetaria y fortalecer la credibilidad. El cambio también desplaza el mandato múltiple que incluye empleo y desarrollo económico con equidad social.

El último avance oficial verificado es el dictamen del 28 de octubre en Diputados sobre las modificaciones del Senado; no corresponde presentarla todavía como ley vigente.

Limitar el financiamiento monetario puede contribuir a la estabilidad, pero no genera dólares ni elimina vencimientos. Si el acceso al crédito sigue restringido, el Estado necesitará obtener divisas mediante exportaciones, endeudamiento, venta de activos o utilización de recursos disponibles.

Allí se cruzan el pago al Fondo, el presupuesto, Washington y la reforma monetaria. La autonomía económica se mide también por la capacidad de financiar las decisiones propias. Cumplir un vencimiento resuelve una obligación. Construir una economía que no organice cada presupuesto alrededor del próximo pago exige bastante más.