Por Nancy Cardozo

Hay canciones que sobreviven a su tiempo porque encuentran nuevas preguntas donde alojarse. La Marcha de la Bronca nació en otra Argentina y bajo circunstancias históricas que no son comparables mecánicamente con las actuales. Pero aquella imagen de tomar “lo que es nuestro” mientras se disimula la acción vuelve inevitablemente a la memoria cuando el lenguaje técnico de las leyes empieza a esconder decisiones profundamente políticas.

No porque toda restricción fiscal constituya necesariamente una pérdida. Tampoco porque equilibrio presupuestario sea sinónimo, por definición, de ajuste social. La pregunta es otra: ¿Qué sucede cuando primero se modifican las reglas que determinan cuánto puede hacer el Estado y después se discute qué Estado queremos financiar? Esa inversión del orden es la que merece atención.

El Presupuesto 2027 debería constituir uno de los grandes debates políticos del año. Allí se decide cuánto y hacia dónde se destinan recursos para educación, salud, jubilaciones, discapacidad, universidades, provincias, infraestructura y políticas públicas.

El proyecto ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre y su artículo primero establece que el ejercicio 2027 deberá terminar con resultado financiero equilibrado o superavitario.

Sin embargo, mientras esa discusión recién comienza, el oficialismo intenta avanzar en el Senado con otra pieza central de su programa: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Patricia Bullrich anunció la intención de llevar nuevamente el proyecto al recinto el jueves, después de que su tratamiento quedara postergado en la sesión anterior. También podría incorporarse al temario la modificación del Régimen de Zonas Frías.

La pregunta entonces deja de ser meramente cronológica.

Primero, las reglas

La reforma del Banco Central ya obtuvo media sanción de Diputados: fue aprobada el 27 de agosto por 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. Según el proyecto del Ejecutivo, busca fortalecer la independencia funcional y financiera del organismo, volver a colocar la preservación del valor de la moneda como misión fundamental y eliminar mecanismos mediante los cuales el BCRA pueda financiar monetariamente al sector público.

El argumento del Gobierno es conocido: impedir que futuros déficits fiscales puedan financiarse mediante emisión y, de esa forma, evitar que la política monetaria vuelva a convertirse en fuente de inflación.

Ahora bien, la Carta Orgánica no fue presentada por el propio Ejecutivo como una iniciativa aislada.

En su cadena nacional del 30 de julio, Javier Milei afirmó que la reforma “no funcionará sola” y la ubicó dentro de un programa más amplio junto con el denominado “grillete fiscal”, cambios en el mercado de capitales y modificaciones en el mercado de seguros. Y es allí donde aparece un elemento novedoso para la Argentina: el shutdown.

Según la explicación presidencial, si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal fuera deficitario, el Congreso tendría un plazo para restablecer el equilibrio. Si eso no ocurriera, se activarían restricciones automáticas: paralización de actividades estatales consideradas no esenciales, congelamiento de gastos nuevos, suspensión de nuevas contrataciones y freno a transferencias discrecionales hacia las provincias. Así mismo el Gobierno anunció que prestaciones esenciales como jubilaciones, pensiones, salud y seguridad quedarían exceptuadas.

Conviene hacer aquí una distinción indispensable: el shutdown no forma parte del articulado de la reforma de la Carta Orgánica que hoy está en condiciones de discutir el Senado. Son instrumentos diferentes y se encuentran en situaciones legislativas diferentes.

Pero también sería incompleto ignorar que es el propio Gobierno el que los presenta como componentes complementarios de una misma concepción fiscal. Ahí reside, justamente, la pregunta de esta columna.

¿Qué significa aprobar primero las reglas que restringen las posibilidades de financiamiento y gasto del Estado y discutir después el Presupuesto que deberá funcionar dentro de esas reglas?

El Presupuesto no es solamente una planilla

La discusión puede parecer demasiado económica hasta que los números adquieren nombres.

Y uno de ellos es discapacidad.

El proyecto de Presupuesto 2027 introduce, entre sus artículos 36 y 41, modificaciones a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793. Entre otros puntos, establece una pensión no contributiva por invalidez laboral equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y plantea su incompatibilidad con un vínculo laboral formal. También modifica aspectos del financiamiento y del sistema de prestaciones.

Al mismo tiempo —y esto es importante para no confundir ambos debates— existe otro proceso legislativo: Diputados está tratando la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda tienen previsto continuar ese tratamiento el 23 de septiembre. Dos caminos legislativos diferentes terminan, nuevamente, encontrándose alrededor de una misma palabra: presupuesto.

A tener en cuenta que detrás del lenguaje de “equilibrio”, “compensación”, “crédito disponible” o “resultado financiero” existen personas que necesitan prestaciones, instituciones que deben brindarlas y un Estado que debe decidir cómo financiarlas.

Y allí aparece una de las tensiones políticas centrales: el equilibrio fiscal puede constituir un objetivo económico; otra discusión es cómo se distribuye el esfuerzo necesario para alcanzarlo y qué políticas quedan sujetas a ese límite.

Zona Fría: mirar las leyes desde el sur

La discusión sobre Zona Fría permite bajar todavía más el debate al territorio.

Diputados dio media sanción el 20 de mayo a una readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías. El oficialismo defendió el proyecto bajo el argumento de focalizar los subsidios y reducir su costo fiscal; sectores opositores plantearon objeciones relacionadas con federalismo, clima y efectos sobre los usuarios.

Hay que hacer aquí otra precisión: la modificación en debate no supone actualmente que Chubut o la Patagonia queden excluidos del régimen histórico de Zona Fría. El cambio tiene especial impacto sobre las zonas que habían sido incorporadas con la ampliación de 2021 y redefine el modo de asignar los beneficios. No obstante, que la Patagonia permanezca dentro del régimen no vuelve irrelevante la discusión para quienes vivimos aquí. Al contrario.

Zona Fría obliga a formular una pregunta que una mirada puramente contable puede omitir: ¿puede medirse de la misma manera el consumo energético indispensable de una familia que vive en Comodoro Rivadavia y el de un hogar localizado en una región con condiciones climáticas completamente diferentes?

La calefacción en la Patagonia no es un consumo suntuario. Es una necesidad determinada por el territorio.

Y allí la discusión fiscal se convierte también en una discusión federal. Porque la igualdad no siempre consiste en tratar a todos exactamente igual. A veces exige reconocer que vivir, producir y sostener una familia tiene costos diferentes según el lugar del país en el que se habite.

Las piezas no son iguales, pero comparten un tablero

Sería incorrecto afirmar que la reforma de la Carta Orgánica, el shutdown, el Presupuesto, discapacidad y Zona Fría constituyen una única ley o persiguen exactamente el mismo objetivo. No lo hacen.

También sería apresurado atribuir automáticamente cada modificación a una intención oculta. Aunque sí puede observarse una orientación común explicitada por el propio Ejecutivo: consolidar el equilibrio fiscal como principio ordenador, restringir mecanismos futuros de financiamiento monetario y reducir los márgenes para generar gasto por encima de los recursos disponibles.

El Gobierno sostiene que esa arquitectura es necesaria para impedir que futuros gobiernos regresen al déficit financiado con emisión y para preservar la estabilidad monetaria. Sus críticos advierten que reglas excesivamente rígidas pueden limitar herramientas del Estado y reducir el margen político del Congreso para responder frente a situaciones sociales, económicas o regionales.

Entre esas dos posiciones existe una discusión democrática que no debería quedar escondida detrás del tecnicismo.

En definitiva, decidir cuánto puede gastar un Estado es, finalmente, decidir qué cosas ese Estado podrá hacer para todos los habitantes del suelo argentino. Y por eso el orden importa.

Si antes de terminar de discutir el Presupuesto 2027 se sancionan normas destinadas a reducir los instrumentos de financiamiento del Estado y paralelamente se avanza hacia una regla fiscal que castigue automáticamente determinados desequilibrios, entonces una parte del debate presupuestario podría comenzar con límites previamente establecidos.

No necesariamente determina cuál será el resultado.

Pero sí modifica el tablero sobre el cual se jugará.

El guante de disimular

Quizás allí la Marcha de la Bronca encuentre su lugar en esta historia.

No porque aquella Argentina sea ésta. Tampoco porque una canción pueda explicar una economía nacional.

Sino porque conserva una pregunta profundamente política: qué sucede con aquello que consideramos común cuando las decisiones que lo modifican aparecen fragmentadas en leyes, artículos, reformas, números y expedientes diferentes.

La Carta Orgánica parece hablar del Banco Central.

El shutdown, del déficit.

El Presupuesto, de números.

Discapacidad, de prestaciones.

Zona Fría, de tarifas.

Pero cuando esas discusiones se observan simultáneamente aparece algo más amplio: una redefinición de hasta dónde puede llegar el Estado, cómo puede financiarse y en qué condiciones podrá intervenir. Ése parece ser uno de los debates centrales de este momento político.

Y desde la Patagonia tenemos motivos adicionales para prestarle atención. Porque sabemos que detrás de un número nacional existen territorios distintos; detrás de una tarifa hay temperaturas distintas; y detrás de cada partida presupuestaria existen realidades que difícilmente entren completas en una planilla de Excel.

Por eso, tal vez la pregunta no sea únicamente cuánto gastará la Argentina en 2027. Ni siquiera si el presupuesto terminará con déficit cero.

La pregunta que conviene hacernos antes es otra: cuando finalmente llegue el momento de discutir qué hacer con lo que es de todos, ¿cuánto de esa decisión seguirá todavía abierto a discusión?