Desde el sector señalaron que el universo real alcanza 9.083 entidades: 7.206 suspendidas, 1.299 intimadas a regularizar en 30 y 60 días y 578 exceptuadas. De ese total, 8.210 son cooperativas de trabajo, producción, servicios y consumo, y 873 son mutuales.

Asimismo, desde el organismo estatal justificaron la medida al referirse a la  segunda etapa del Plan de Reordenamiento del Padrón iniciado con la Resolución 3208/2024. En los considerandos de la norma fechada el 13 de octubre, reafirmó que es autoridad de aplicación de las leyes 20.337 y 20.321 y que debe ejercer la fiscalización pública, al tiempo que argumentó que la omisión de documentación asamblearia y estados contables del período 1 de enero de 2023 al 6 de agosto de 2026 “obstaculiza las tareas de fiscalización” y por eso suspende e instruye sumarios administrativos.

El propio presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de Buenos Aires, Gildo Onorato, repudió la “Resolución 2076/26, que suspende 6.667 cooperativas en todo el país”, al tiempo que sostuvo que “esta resolución le impide trabajar al 40% de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires”.

En el territorio bonaerense son 1.916 cooperativas suspendidas y 299 intimadas de un día para el otro. “Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la Provincia para sostener las fuentes de trabajo que garantizan las cooperativas y hoy nos desayunamos con esta suspensión”, lamentó y agregó: “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo, no poner más palos en la rueda a los trabajadores en esta crisis económica”. Por eso le pidió al INAES que revea los padrones publicados.

Posteriormente, desde el sector contextualizaron que en la Argentina de 2026, donde se pierden puestos de trabajo formales, cierran pymes y se hace cada vez más difícil llegar a fin de mes, las cooperativas representan alrededor del 10% del Producto Bruto Interno y son la última red de contención laboral para miles de familias.

Por eso, consideraron que suspenderlas por 2 o 3 balances atrasados en un plazo tan corto, sin ventanilla de asesoramiento previo, sin moratoria contable ni asistencia técnica, las ubica en una panorama precario, ya que no pueden facturar, ni hacer trámites ante el organismo, ni acceder a programas, ni presentarse a licitaciones y quedan expuestas a un sumario que puede terminar en retiro de matrícula.

Al tiempo que el organismo habla de controlar actas y balances, en el territorio hay cuadrillas de construcción, textiles, recicladores urbanos, apícolas, cuidadores y fábricas recuperadas que hoy no saben si en el futuro inmediato continuarán con sus tareas.