La Justicia Federal de Río Grande abrió un nuevo frente contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La jueza Mariel Borruto ordenó a las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas con la explotación de hidrocarburos hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la legislación argentina.

La medida cautelar fue solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata —CECIM— y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas —AAdeAA—, en el marco de una acción preventiva por posible daño ambiental colectivo.

El fallo no determina que el daño ambiental vaya a producirse ni resuelve todavía la responsabilidad de las compañías. Su punto central es otro: según informó la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Nación, las empresas no habían iniciado ante las autoridades argentinas ningún aviso de proyecto ni procedimiento de evaluación ambiental.

“No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá”, aclaró Borruto. Lo que se constata, sostuvo, es que las empresas omitieron el procedimiento destinado a establecer si existirán impactos y cuáles deberían ser las medidas para prevenirlos o mitigarlos. Sobre esa base, la magistrada aplicó los principios de prevención y precaución contemplados en la Ley General del Ambiente.

Qué actividades quedaron alcanzadas

La cautelar comprende las perforaciones del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, los conductos y sistemas de control, las estructuras de fondeo y la eventual puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de petróleo.

También alcanza el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres o portuarias destinadas a sostener la actividad: bases logísticas, ampliaciones portuarias, depósitos de productos químicos, plantas de preparación de cemento y lodos de perforación, alojamientos e instalaciones de apoyo aeronáutico.

Según la documentación incorporada al expediente, la primera etapa del proyecto contempla 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas, además de una unidad flotante y una red de infraestructura submarina.

Entre los riesgos que deberán ser analizados aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido submarino, las descargas operativas, el tránsito de embarcaciones, la interacción con mamíferos y aves marinas y la posibilidad de derrames de hidrocarburos. La jueza remarcó que estos efectos no fueron establecidos como inevitables, pero consideró que se trata de una actividad capaz de producir modificaciones ambientales relevantes.

Un proyecto que ya entró en etapa de ejecución

El yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte-Fuente: Rockhopper Exploration

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Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es operado por Navitas, con una participación del 65%, junto con Rockhopper, que posee el 35%. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y proyectan comenzar la producción comercial en 2028.

La primera fase apunta a producir alrededor de 50.000 barriles diarios. Rockhopper informó que ya fueron contratados o seleccionados componentes centrales del desarrollo, como la unidad flotante de producción, el equipo de perforación y los sistemas submarinos. La empresa sostiene, además, que recibió las autorizaciones exigidas por las autoridades que administran las islas y que la evaluación ambiental fue aprobada en esa jurisdicción.

La discusión, por lo tanto, no se limita a la existencia o ausencia de controles ambientales, sino que incluye una disputa sobre qué autoridad posee competencia para realizarlos. Para la posición argentina, las licencias británicas no tienen validez en un territorio sometido a una controversia de soberanía. El Reino Unido, en cambio, sostiene que el gobierno de las islas regula legítimamente la actividad económica y que la legislación argentina no resulta aplicable allí.

La advertencia de Andrés Dachary en Pulso de Radio

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, había advertido en una entrevista concedida a Pulso de Radio el 28 de agosto que Sea Lion no podía ser analizado solamente como un emprendimiento petrolero.

Dachary señaló que una explotación de esta magnitud podría modificar profundamente la estructura económica de las islas, actualmente sostenida en gran medida por las licencias pesqueras, y fortalecer las condiciones materiales de la presencia británica en el Atlántico Sur. También remarcó que cuanto mayor sea la autonomía económica alcanzada mediante los hidrocarburos, más difícil podría resultar la reapertura de una negociación bilateral por la soberanía.

Durante aquella conversación, el funcionario fueguino vinculó el proyecto con la necesidad de impedir que puertos y servicios del continente argentino sean utilizados directa o indirectamente como apoyo logístico. En ese contexto, cuestionó el ingreso a Ushuaia del petrolero de bandera británica VS Promise, ocurrido pocos días antes de la entrevista, y reclamó una política de Estado coherente y sostenida sobre Malvinas.

También sostuvo que la explotación unilateral contradice el llamado de las Naciones Unidas a evitar innovaciones mientras permanezca pendiente la controversia de soberanía, y reclamó recuperar una estrategia argentina que trascienda los cambios de gobierno.

El alcance y los límites de la resolución

La cautelar representa un antecedente significativo porque incorpora la dimensión ambiental a una controversia habitualmente abordada desde la soberanía, la diplomacia y la explotación de recursos naturales. Sin embargo, no equivale todavía a una paralización material garantizada.

Navitas y Rockhopper tienen domicilio en el extranjero y desarrollan el proyecto bajo autorizaciones emitidas por las autoridades británicas de las islas. La propia resolución reconoce que su cumplimiento dependerá de la cooperación internacional y de la conducta de las compañías. El Gobierno británico ya manifestó que no reconoce jurisdicción argentina sobre las actividades desarrolladas en el archipiélago.

La decisión judicial sí puede generar consecuencias para proveedores, aseguradoras, entidades financieras, contratistas y empresas que mantengan activos o negocios en jurisdicciones donde las medidas argentinas puedan ser ejecutadas. Esa presión jurídica y comercial podría adquirir relevancia a medida que el proyecto avance y requiera nuevas contrataciones internacionales.

La cautelar es provisional y podrá mantenerse, modificarse, ampliarse o dejarse sin efecto cuando se presenten los informes solicitados y las compañías intervengan formalmente en el expediente. Por ahora, la Justicia argentina estableció una condición clara: desde la perspectiva de su legislación, Sea Lion no debería avanzar sin una evaluación previa de sus posibles consecuencias sobre uno de los ecosistemas más sensibles del Atlántico Sur.