El Gobierno del presidente Javier Milei puso en marcha las denominadas “reformas de segunda generación”, un paquete de medidas económicas que incluye una reforma laboral y una reforma tributaria. Según el Ejecutivo, estas transformaciones resultan urgentes para dinamizar la microeconomía y modernizar un marco jurídico considerado obsoleto, con el fin de fortalecer el sector privado y consolidar un nuevo modelo económico.
Caputo calificó el régimen laboral vigente como “arcaico, rígido e imprevisible”, y sostuvo que esa estructura es la razón por la cual “el empleo no ha crecido desde el año 2011”. A su vez, remarcó que esta rigidez genera dificultades para los empresarios y emprendedores, ya que “a veces tener que despedir a alguien puede simplemente hacer que tengan que cerrar su empresa o su emprendimiento”.
El objetivo central de la reforma, explicó el ministro, es lograr un sistema “más ágil y dinámico”, que ponga fin a la llamada "industria del juicio", la cual según señaló “favorece a un puñadito de agentes en contra de todos los argentinos”.
Caputo también rechazó la idea de que la competitividad deba alcanzarse mediante una devaluación, afirmando que una moneda débil refleja una economía débil. En cambio, consideró que la clave está en continuar con las desregulaciones, la baja de impuestos y la implementación de las reformas laboral y tributaria.
Durante un acto en SIDERCA, el presidente Javier Milei subrayó que las reformas buscan motorizar la creación de “cientos de miles de puestos de trabajo en blanco en el sector privado”, poniendo fin a un período de 15 años sin creación neta de empleo registrado.
El mandatario sostuvo que la incertidumbre jurídica y el alto costo laboral provocados por la litigiosidad empujaron a numerosos trabajadores a la informalidad, y que la nueva legislación apunta a revertir esa situación.
Fin de la “Industria del Juicio”: una prioridad central será eliminar “de una vez y para siempre la nefasta industria del juicio”. Según Milei, el objetivo es quitar poder a los “caranchos laboralistas” y restringir la discrecionalidad de los jueces laborales en la imposición de altas tasas de interés.
Impulso a la negociación colectiva: se promoverá la renovación de convenios colectivos de trabajo para adecuar los marcos contractuales y fomentar una mayor flexibilidad laboral.
Reducción burocrática y simplificación: se eliminarán trabas administrativas y los procesos registrales podrán realizarse de manera digital.
Mayores libertades contractuales: las partes tendrán mayor libertad para pactar contratos laborales, incluyendo la posibilidad de elegir la moneda de pago.
Libertad monetaria: los trabajadores podrán acordar cobrar su salario total en dólares, si así lo desean.
Banco de horas: se incorporará un sistema de banco de horas que permitirá compensar jornadas variables según las demandas estacionales o temporales, reemplazando el pago de horas extras.