En una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de restringir las facultades del presidente Javier Milei. La iniciativa, impulsada por la oposición, introduce cambios sustanciales en el procedimiento de validación de los decretos presidenciales, aunque el texto deberá volver al Senado tras sufrir modificaciones durante el debate.

El proyecto establece que el Congreso tendrá un plazo máximo de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de cada DNU. En caso de no hacerlo dentro de ese período, el decreto quedará automáticamente sin efecto. Además, exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los decretos mantengan su vigencia, lo que otorga a la oposición la posibilidad de bloquear medidas del Ejecutivo con mayoría en una sola Cámara.

De sancionarse definitivamente, la reforma impondría una fuerte limitación al margen de acción del Poder Ejecutivo, en un contexto donde el oficialismo no cuenta con mayoría parlamentaria, y lo obligaría a negociar acuerdos más amplios para avanzar con su agenda legislativa.

El temario de la sesión incluyó también la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los bloques opositores más duros advirtieron que, si el funcionario no presenta un esquema de financiamiento para aplicar la norma, impulsarán una moción de censura, herramienta constitucional que podría derivar en su remoción.

Por último, la Cámara resolvió emplazar a la comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite en el debate del Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el fin de evitar que el Gobierno prorrogue, por tercer año consecutivo, el Presupuesto 2023.