El 3 de diciembre de 2024, el Gobierno Nacional, a través del vocero Manuel Adorni, anunció una serie de reformas en el régimen migratorio que incluyen el cobro de aranceles a extranjeros no residentes en las universidades nacionales y en la atención de hospitales públicos. Esta decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Adorni destacó que uno de cada tres estudiantes de medicina en el país es extranjero y afirmó que esta medida representará una nueva fuente de financiamiento para las instituciones educativas. "Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora", aseguró, señalando que las condiciones de acceso a los servicios de salud serán determinadas por los organismos nacionales, provinciales y municipales.

El funcionario también mencionó que, en la provincia de Salta, la implementación de aranceles había reducido en un 95% la atención a extranjeros, generando un ahorro significativo para el sistema de salud. "Esto implica un ahorro fiscal y una mejor atención para los ciudadanos residentes", agregó.

Además, el Gobierno ampliará la lista de delitos que motivarán la deportación de extranjeros, indicando que aquellos que sean capturados en flagrancia o que atenten contra el sistema democrático serán expulsados. Adorni también advirtió que se negará el ingreso al país a quienes presenten documentación irregular.

Con estas medidas, el Gobierno busca "avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos", según lo expresado por Adorni. La noticia llega en un contexto de creciente debate sobre la inmigración y el acceso a servicios públicos en Argentina.

La implementación de estos cambios se enmarca dentro de un paquete de políticas que el Gobierno está impulsando para ajustar el gasto público y mejorar la situación económica del país.