Cinco años después de la sanción de la Ley 27.610, el acceso al aborto legal en Argentina muestra una paradoja: los principales indicadores permanecen relativamente estables, aunque cambió quién sostiene materialmente buena parte de la política.

El Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina, elaborado por Proyecto Mirar del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), registró 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en 20 provincias dentro del subsector público de salud. La cifra no presenta cambios significativos respecto de 2024. El relevamiento contabilizó además 1.846 establecimientos públicos que garantizan IVE/ILE.

Proyecto Mirar monitorea desde hace varios años la implementación de la política derivada de la Ley 27.610 mediante información oficial, pedidos de acceso a la información pública y relevamientos territoriales. CEDES Repositorio

En diálogo con Pulso de Radio, Silvina Ramos —socióloga, integrante del CEDES y una de las autoras del reporte— explicó que el escenario inicial permitía imaginar otro resultado.

“Uno podría pensar que la política de acceso al aborto se había deteriorado, se había debilitado. Y lejos de eso, lo que los datos muestran es que, gracias al compromiso de los equipos de salud [...] la política de acceso se pudo sostener”.

Cuando las provincias tuvieron que asumir el costo

La Ley 27.610 continúa vigente. La norma reconoce el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y establece que la prestación debe garantizarse dentro de los diez días corridos desde la solicitud. Argentina.gob.ar

El cambio ocurrió en otro nivel.

Ramos señaló durante la entrevista que el gobierno nacional dejó de distribuir medicamentos destinados a abortos seguros y vinculó esa situación con el desmantelamiento del esquema de distribución. En consecuencia “las provincias se tuvieron que hacer cargo de esas compras de la noche a la mañana”, explicó.

Los datos del informe respaldan ese diagnóstico: 13 provincias sostuvieron con presupuesto propio la provisión de insumos para los servicios de aborto. Aun en ese contexto, el número de interrupciones, la cantidad de establecimientos y la proporción de abortos realizados en etapas tempranas del embarazo se mantuvieron prácticamente sin modificaciones. Para Ramos, esa continuidad tiene dos explicaciones centrales: la red sanitaria desarrollada durante los años posteriores a la legalización y la decisión política de numerosas autoridades provinciales de sostener los servicios.

“Tenemos la misma cantidad de interrupciones realizadas que las que teníamos previo a la asunción del gobierno del presidente Milei. También tenemos la misma cantidad de establecimientos que están ofreciendo esos servicios”.  

El reporte muestra además que la Ley 27.610 no sufrió modificaciones y que las iniciativas legislativas destinadas a restringirla no lograron avanzar durante el período estudiado.

Chubut: 805 mujeres atendidas

La información permite también bajar el análisis al territorio.

Durante 2025, Chubut informó 805 mujeres atendidas por IVE/ILE. El propio documento advierte que la categoría utilizada por la provincia es “mujeres atendidas”, por lo que esa cifra no debe interpretarse necesariamente como la cantidad exacta de interrupciones realizadas La provincia reportó además 27 efectores públicos con acceso a IVE/ILE.

El informe no desagrega allí cuántos funcionan específicamente en Comodoro Rivadavia. Por nuestra parte pudimos acceder a las declaraciones de Alejandra Braña, directora general de Salud Comunitaria, que brindó especificaciones de la funcionalidad del sistema en nuestra ciudad. 

Sí coloca sobre la mesa otro problema: el acceso no es homogéneo en todo el país. Los monitoreos territoriales incorporados por Proyecto Mirar detectaron dificultades relacionadas con distancias, traslados, turnos, falta de medicamentos, información insuficiente y escasez de personal sanitario.

La existencia formal del derecho, por lo tanto, no garantiza por sí sola las mismas condiciones de acceso en todos los territorios.

Antes del aborto está la anticoncepción

Uno de los datos más sensibles del reporte aparece en las políticas anticonceptivas.

Proyecto Mirar calcula una caída del 57% en el gasto del programa Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable entre 2023 y 2026. Según sus estimaciones, la cantidad de mujeres protegidas mediante métodos anticonceptivos pasaría de más de 1,2 millones en 2024 a alrededor de 63.000 proyectadas para 2026.

El dato amplía la discusión porque la política de salud sexual no empieza ni termina con la interrupción del embarazo: incluye acceso a información, anticoncepción y prevención de embarazos no intencionales.

En este sentido al ser consultada por la caída de la fecundidad adolescente, la investigadora remarcó que el descenso comenzó antes de la legalización del aborto y forma parte de una tendencia de más largo plazo. Al mismo tiempo, planteó que “la reducción de la fecundidad en esos grupos de edades significa ni más ni menos que reducciones de maternidades forzada.”

Ramos vinculó ese proceso con políticas de acceso a anticonceptivos y con la Educación Sexual Integral, y destacó su impacto sobre las trayectorias educativas y las posibilidades de desarrollo personal.

“Hemos permitido que esas chicas no se embaracen si no tenían intenciones de embarazarse [...] y puedan continuar sus estudios, terminar la escuela secundaria y abrirse un conjunto de oportunidades”

“¿Batalla cultural de quién?”

La entrevista avanzó también sobre el debate político que rodea a estas políticas públicas.

Consultada por la denominada “batalla cultural” en torno al aborto y la ESI, Ramos cuestionó la idea de que exista una división social equivalente entre dos sectores enfrentados.

“Yo me pregunto siempre: ¿batalla cultural de quién? Porque para que haya una batalla hacen falta bandos, y acá no hay bandos”

Si bien es una interpretación de la entrevistada, el propio reporte aporta datos de opinión pública para contextualizarla: una encuesta citada en el documento registró que 52,7% de las personas consultadas estaba en desacuerdo con volver a prohibir el aborto, frente a un 36,4% que estaba de acuerdo y un 10,9% que no sabía

Sobre la Educación Sexual Integral, Ramos insistió en otro aspecto: su función no se limita a la prevención de embarazos.

“La escuela es un lugar donde ofrecer esos contenidos para proteger a los chicos y a las chicas, por ejemplo, del abuso sexual”

Una política sostenida, aunque más frágil

El balance que hace la Socióloga no desconoce las dificultades. Su definición resulta quizá la síntesis más precisa del momento actual:

“La política de acceso al aborto sigue robusta, un poco fragilizada porque el Estado nacional se ha desentendido de esa política”.

El reporte llega a una conclusión semejante desde los indicadores: el marco jurídico continúa vigente, la cantidad de interrupciones y de efectores permanece estable y numerosas provincias sostienen la provisión. Al mismo tiempo, advierte sobre desigualdades territoriales y sobre el retiro del financiamiento nacional.

Casi seis años después de la legalización, entonces, el desafío parece haberse desplazado. La discusión ya no pasa únicamente por la existencia de la Ley 27.610, sino por las condiciones económicas, sanitarias y territoriales necesarias para convertir ese derecho en una prestación efectiva.