El 26 de octubre la población va a tener la posibilidad de votar en favor o en contra de la reforma constitucional con relación a los fueros. Desde la Asociación de la Magistratura han interpuesto una acción de inconstitucionalidad respecto al texto final que se introduciría en la constitución de 1994.

Fundamentos de la inconstitucionalidad.

Carina comenta que los fueros o ‘privilegios en la constitución’ (término del poder ejecutivo), garantizan la independencia del Poder Judicial. “El Poder Ejecutivo señala que se pretende ‘garantizar la igualdad de las personas ante la ley’, pero en realidad son protecciones constitucionales que no están dirigidas a las personas que ejercen el cargo de la judicatura, sino una protección de la función que ejerce el juez, que está dirigida y destinada justamente a proteger a la ciudadanía”.

“Cuando un ciudadano lleva un caso a resolver, el juez no va a recibir presiones indebidas por parte de los poderes políticos mediáticos o económicos”. Por ese motivo, la asociación mediante una asamblea realizada en el mes de abril después de conocer la sanción de la ley consideró que, era necesario conforme a los objetivos de la propia asociación (que son en primer lugar la defensa de la independencia judicial), presento una acción de inconstitucionalidad.

“Está en trámite, pero está a las circunstancias de lo que se vote el 26 de octubre. El resultado será determinante para saber cómo vamos a continuar con esta acción”.

“No toda la población sabe que debe surgir un 50% de los votantes”.

Dentro de ese porcentaje se contemplaría a los votantes positivos y negativos. “Vamos a esperar que la población se pronuncie y en caso de que resulte afirmativa, la asociación convocará una asamblea para que los asociados definan cómo continuar con la acción judicial que está en trámite”.

¿Se trata de una invasión de poderes?

Le consultamos a la Dra. Estefanía si esto se trata de una intromisión del poder ejecutivo sobre los demás. “En realidad el ejecutivo impulsa una reforma constitucional que es aprobada por la legislatura, nosotros cuestionamos en este momento que no se haya dado un amplio debate a la ley que propone esta eliminación”.

De cualquier modo, la Doctora remarca que todas las decisiones que van en el sentido de afectar la división de poderes y que provienen de un proyecto ejecutivo del legislativo, constituyen alertas que, quienes trabajan en la justicia tiene que tomar.

“No sabemos exactamente cuál ha sido el sentido que tiene esta ley, ya que en la provincia del Chubut no hubo nunca en la historia un magistrado que se amparar en los fueros para no ser investigado por el sistema judicial”.

“De hecho hay condenas a magistrados que han surgido sin la necesidad de que sean desaforados por su poder de justicia”.

“La ciudadanía debe tener claro estos conceptos a la hora de votar, no es para nada un beneficio o un privilegio de quien ejerce la magistratura. Por el contrario, es un casco de protección para evitar que el juez nacional que interviene o un fiscal, en una causa concreta, no sea apartado de la misma cuando se infiere que sus decisiones van a ser en contra de la parte que pretende apartarlo”.