El informe final afirma que el Presidente violó deberes públicos, que funcionarios del Gobierno negaron información y que sectores del Poder Judicial frenaron medidas decisivas. El documento pide evaluar mal desempeño presidencial.

En la sala 1 del Anexo A, y después de diez cuerpos de trabajo técnico y documental, los diputados cerraron la etapa parlamentaria con una conclusión de altísimo impacto institucional: recomendaron que el Congreso evalúe si Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

El documento final fue elaborado por Juan Marino, Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva, Fernando Carbajal, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, con aportes de Itaí Hagman y Julia Strada.

Antecedentes en cripto.

Según los diputados, existe un modus operandi previo, visible en la moneda digital de KIP Protocol lanzada en diciembre de 2024 y en las plataformas Vulcano y CoinX, donde también aparecen los nombres de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el propio Presidente, en roles de promoción o intermediación.

La interpelación del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ocupa un lugar decisivo. En su visita del 30 de abril, reconoció que no hubo consulta a áreas técnicas ni jurídicas antes del tuit presidencial que impulsó el token: “No ha habido una evaluación del Gobierno”. Para la Comisión, esa omisión configura una violación a la Ley de Ética Pública y rompe cualquier estándar de control institucional.

Ferraro lo expuso en la reunión: “El Presidente habría promovido un emprendimiento privado. Usó su investidura para beneficios privados”. También señaló la “falta total de cooperación” del Ejecutivo y mencionó el incumplimiento de deberes por parte de Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Mariano Cúneo Libarona, Paulo Starc y Roberto Silva, todos citados y nunca presentados ante la Comisión.

El diputado de UxP Juan Marino habló de “una estafa planificada” y recordó que los informes técnicos indican que el 80% de las billeteras perdió dinero, mientras solo un grupo mínimo obtuvo ganancias millonarias. El legislador de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, destacó que los movimientos de fondos entre Davis, Novelli y Terrones replican un esquema de “rug-pull (tirón de alfombra)” que solo se volvió posible tras el impulso del tuit presidencial.

Denuncias de la comisión a la justicia.

Los diputados describen la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi como “obstruccionista”, al recordar que negó el acceso al expediente, rechazó medidas de prueba relevantes y descartó avanzar sobre Novelli y Terrones, pese a los indicios de movimientos posteriores al congelamiento de activos.

Esa conducta derivó en un pedido de jury de enjuiciamiento contra el magistrado y contra el fiscal Eduardo Taiano, quien acompañó las negativas. La Comisión sostiene que el accionar conjunto privó al Congreso del auxilio judicial necesario para reconstruir la operatoria financiera y bloqueó el control institucional previsto por la Constitución.