La Dra. Sessa nos cuenta que en diciembre del 2024 se decidió desde la Asamblea Permanente sobre los Derechos Humanos (APDH),iniciar una acción de amparo por unas resoluciones que había emitido PAMI, por la cual no otorgaban más la cobertura de los medicamentos al 100%, de manera sencilla a los jubilados y jubiladas afiliados al PAMI.

“Tenían que llenar una serie de formularios, demostrar una insolvencia económica, etc. Lo que se tornaba muy engorroso para las personas de esa franja etaria, pero que además tenían enfermedades crónicas. Con organismos de derecho humano y el doctor Carlos Vicente, iniciamos esa acción de amparo que, por circunstancias procesales, terminó en la provincia de Mendoza, y es ahí donde se tramita”.

En ese amparo son varios organismos de diferentes provincias, por ejemplo, Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba, las dos CTA de Buenos Aires y otras más. “Se fueron acoplando a ese amparo y todos hemos logrado una medida cautelar, que es que no se aplique esas resoluciones que dificultaban a los jubilados y jubiladas a acceder a la medicación”. La denuncia es contra el actual director del PAMI filial Córdoba, también tercer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza en la provincia, apunta al incumplimiento sistemático de la orden judicial que reintegra la entrega gratuita de los medicamentos esenciales a afiliados del PAMI en forma inmediata.

“No se cumplieron ninguna de las jurisdicciones”.

La primera fue Mendoza, donde tuvieron la medida cautelar del 16 de mayo del 2025, “PAMI ha hecho numerosas presentaciones en el amparo, manifestando ‘que cumple’ y no lo hace”.

El juez ha intimado numerosas veces, ha aplicado canones por montos muy grandes, que son multas dinerarias por no cumplir la Orden Judicial. “Tampoco las cumplen, ni siquiera con esa sanción, entonces en distintas jurisdicciones hemos presentado unas denuncias penales ante la Justicia Federal Penal, para que sancionen estas conductas de omisión, de no cumplir la Orden Judicial, por discriminar a los jubilados y por el incumplimiento de los deberes de funcionamiento público a uso de autoridad”.

La política del Gobierno Nacional a evadirse las responsabilidades de salud.

“Lo vemos en las personas con discapacidades, lamentablemente, no solamente los medicamentos, sino de quitarles la pensión por invalidez que tenían con una auditoria muy mal llevada adelante sin hacer las investigaciones pertinentes”.

“Es un sistema de crueldad contra las personas más vulnerables que tiene la sociedad”.

“Esta denuncia que nosotros hacemos es contra el director de PAMI Nacional y contra el director de PAMI de Córdoba, porque también el juez le ordenó a él que la cumpliera. Sin embargo, no la cumplen y evaden, y está como tercer candidato en la lista de la ‘Libertad Avanza’ de Córdoba para diputado nacional en la elección”.

Mabel Sessa nos cuenta que ellos presentaron a la Fiscalía de turno en Córdoba principalmente para que se investigue en la dicha provincia. “Porque el incumplimiento se da para todos los jubilados de Córdoba. Pedimos que se investigue acá, ya hemos agregado la documentación que ofrecimos como prueba y las representaciones, estamos esperando que la Fiscalía nos admita”.

La suma de las distintas jurisdicciones.

Se pueden ir sumando a la demanda de amparo distintas provincias. “De hecho, la demanda de amparo que está radicada en Mendoza el juez emitió un edicto, por el cual manda llamar a todas las organizaciones o representantes de provincias que no estén incluidas en el amparo a adherir al mismo. Entonces, así se lograría un amparo colectivo para todo el país”.

“No obstante, nosotros cuando iniciamos la sesión de amparo y ahora cuando manifestó esto del edicto, volvimos a insistir que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tiene personería para todo el país y tiene alcance todas las presentaciones por su estatuto y reconocimiento como persona jurídica a representar a todos los jubilados y jubiladas del país”.