El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de actualizar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos (ICL) por decreto, que se encontraba congelado desde abril. A partir del próximo mes de junio, los argentinos se enfrentarán a un nuevo aumento en el precio de los combustibles, lo que representará un impacto directo en el bolsillo de los consumidores.

El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ha determinado que el impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) se incrementarán a partir del 1 de junio. En este sentido, se espera un aumento del 20,44% en el litro de nafta súper y del 11,26% en el litro de gasoil. Estos ajustes gravarán directamente el precio de los combustibles en estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion y Puma Energy.

El Gobierno argumenta que esta medida tiene como objetivo estimular el crecimiento de la economía y garantizar un sendero fiscal sostenible. Sin embargo, se espera que este nuevo aumento genere un impacto en la inflación, afectando aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Cabe destacar que este incremento en los impuestos a los combustibles se suma a los aumentos acumulados durante el año, que ya alcanzan un promedio del 57% en los precios de la nafta y el gasoil. Es importante tener en cuenta que resta conocer cuál será el incremento adicional que aplicarán las petroleras en los valores de venta en los surtidores.

El Gobierno ha establecido un nuevo cronograma para la subida de impuestos fijados para los combustibles, que abarcará el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. A partir del 1 de julio de 2024, se considerará el incremento total en los montos de impuesto.

Es importante tener en cuenta que estos constantes aumentos en los combustibles impactan en diversos sectores de la economía, ya que afectan el transporte de mercancías y los costos operativos de las empresas. Además, los ciudadanos deberán hacer frente a un mayor gasto en sus desplazamientos diarios.

El aumento en los precios de los combustibles se suma a los desafíos económicos que enfrenta el país, en un contexto de alta inflación y dificultades para mantener el poder adquisitivo. Los ciudadanos deberán ajustar sus presupuestos para hacer frente a este nuevo incremento en los costos de movilidad.