El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, en la que advirtió sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina y solicitó una intervención ante el Estado nacional.

La presentación, realizada el lunes 26 de octubre, está dirigida a la Relatoría a cargo de Leopoldo Maldonado Gutiérrez e incluye un informe sobre el crecimiento de las agresiones contra periodistas, con especial atención a los ataques atribuidos al presidente Javier Milei.

La acción se inscribe dentro de las presentaciones ante organismos internacionales que la organización sostiene.

En esta línea hace un año atrás, FOPEA participó de una audiencia histórica para el periodismo argentino en Miami durante el 194° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, los ataques contra la prensa pasaron de 116 en 2023 a 179 en 2024 y 278 en 2025, el registro anual más alto desde que comenzó el relevamiento en 2008.

La organización informó que ese récord ya fue superado durante 2026 y que más del 60% de las agresiones registradas este año son atribuidas al Presidente.

En particular, FOPEA contabilizó 56 episodios atribuidos a Milei en 2024, 119 en 2025 y 175 en lo que va de 2026.

El informe pone especial atención en la escalada de expresiones del mandatario contra trabajadores de prensa.

Entre los antecedentes mencionados figura un mensaje publicado el 6 de octubre en X, en el que Milei escribió: “Torpedo a la cabeza de los sicarios corruptos del micrófono”.

También se incluyeron sus declaraciones del 23 de octubre, durante la cena anual de la Fundación Faro. Allí, el Presidente mencionó a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes habían informado sobre la causa $LIBRA.

Luego expresó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

FOPEA consideró especialmente grave que el jefe de Estado utilizara referencias a la violencia física en un discurso en el que identificó a periodistas con nombre y apellido.