La disputa por las tierras rurales argentinas sumó este viernes 9 de octubre un nuevo capítulo La Corte Suprema volvió a intervenir en el conflicto por la venta de tierras rurales a extranjeros. Dictó una medida cautelar que restituye la protección de la Ley 26.737, derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023. La decisión modifica provisoriamente el escenario abierto por el propio tribunal diez días antes, mientras continúa pendiente la discusión de fondo.

La secuencia comenzó el 29 de septiembre, cuando los jueces revocaron la sentencia que impedía aplicar esa derogación. Argumentaron que el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata —CECIM— carecía de legitimación para promover la demanda. No declararon constitucional el artículo cuestionado, aunque la resolución dejó nuevamente habilitada la eliminación de las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros. La ley establecía un máximo del 15 por ciento de extranjerización, además de límites por nacionalidad y titular.

El efecto político fue inmediato. La oposición convocó una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre, con el propósito de rechazar el DNU completo. Como el Senado ya lo había rechazado en 2024, la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en las tierras y pasó a comprometer el conjunto de las reformas contenidas en el decreto.

En ese contexto, el oficialismo abrió otro frente: convocó a un plenario de comisiones para discutir nuevamente límites a la compra de tierras por extranjeros. Las coberturas parlamentarias vinculan esa iniciativa con la búsqueda de acuerdos que resten fuerza a la sesión opositora. Restituir restricciones aparece, así como una concesión posible para preservar el resto del programa de desregulación.

La controversia también tuvo expresión en las calles y en otros expedientes. El CECIM convocó una movilización frente a Tribunales con respaldo de organizaciones sindicales. El 5 de octubre, el juez Enrique Alonso Regueira rechazó una medida interina solicitada por legisladores para suspender urgentemente la derogación, mientras mantenía pendiente la evaluación de la cautelar. La respuesta judicial, por lo tanto, seguía abierta en distintas causas.

Por otro lado, el planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda incorporó una dimensión especialmente relevante para la Patagonia: la defensa del ambiente y los territorios ancestrales. El reclamo pone en discusión las consecuencias colectivas de eliminar un régimen de protección territorial.

Desde Chubut, ese eje permite formular la pregunta central: quién puede adquirir tierras, bajo qué límites y con qué efectos sobre quienes las habitan. La propiedad territorial involucra decisiones públicas que exceden una operación entre compradores y vendedores.

La resolución completa sobre la Ley de Tierra. Enlace directo: La resolución de la Corte sobre el planteo de Árbol de pie - Google Drive

La nueva cautelar llega cuando el conflicto amenaza con convertirse en una derrota parlamentaria más amplia para el Gobierno. Por ahora, vuelve una protección legal; sigue abierta la disputa sobre cuánto territorio puede quedar sujeto a la lógica de la desregulación.