El referente de la Asociación de Trabajadores por la Inclusión, Sebastián Ferreas, dialogó con La Constructora Radio y explicó con detalle el funcionamiento del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad y el riesgo que implica su desregulación, en el marco del tratamiento del presupuesto y de la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

¿Qué es el nomenclador?

Ferreas explicó que el nomenclador es el sistema que fija los valores de cada prestación que reciben las personas con discapacidad. "Nosotros como prestadores no podemos cobrarle a la familia, ni a las obras sociales, ni a las prepagas lo que queremos, sino que hay un valor estipulado por cada sesión, por cada prestación, por cada servicio", señaló.

El referente ejemplificó con el transporte: "Si una persona necesita un transporte para viajar de su casa a una terapia, ese transporte tiene un valor de kilómetro estipulado. El transportista saca el cálculo, va al nomenclador y arma la factura. No puede cobrar lo que quiera". Lo mismo ocurre con terapias, escuelas especiales, centros de día, hogares y residencias.

"Esto rige porque en nuestro país está la Convención de Derechos para la Persona con Discapacidad, que dice que todas las personas tienen que acceder a la salud en pie de igualdad. No importa si la persona tiene una prepaga, una obra social o forma parte del programa Federal Incluir Salud", subrayó.

¿Qué pasaría si se desregula el nomenclador?

Ferreas advirtió que si se desarma el nomenclador, cada financiador —el Poder Ejecutivo (Incluir Salud), la Superintendencia de Servicios de Salud (obras sociales y prepagas) y el PAMI— buscará pagar distintos valores. "Una obra social chiquita va a pagar lo que puede y una grande lo que quiera. Lo mismo las prepagas y el PAMI", explicó.

En ese escenario, el prestador empezaría a elegir a quién atender: "Va a elegir quién paga más, quién paga mejor, quién paga a término. Eso termina detonando el acceso al sistema de apoyos para las personas con discapacidad", alertó.

El rol del prestador como sistema de apoyos

Ferreas remarcó que los prestadores no son solo trabajadores de la salud, sino un sistema de apoyos que permite a las personas con discapacidad llevar adelante un proyecto de vida digno. "Si una persona no tiene transporte para ir a una terapia, no puede hacer la terapia. Si no puede ir a un control médico, no puede llegar. Se deteriora su calidad de vida", afirmó.

El referente describió la situación crítica del sector: "Tenemos prestadores que han reconvertido su actividad laboral. Centros de día que cerraron temporalmente porque no podían pagar sueldos. Instituciones que piden alimentos a las familias. Transportistas que sacaron los asientos para hacer reparto de Mercado Pago".

"El sistema se está agravando cada vez más"

Ferreas sostuvo que el sistema no colapsa de un día para otro, sino que se deteriora de manera constante. "Hace tres años que el sistema de apoyos se vio totalmente deteriorado y está cada vez peor. Lo que va a pasar es que se va a ir agravando cada vez más", advirtió.

El referente explicó que los prestadores cobran a 90 días y que la Ley de Emergencia establece un ajuste trimestral por IPC, pero que la inflación corre más rápido. "Estamos cobrando el valor actualizado de una inflación que pasó hace tres meses. Y en el medio pasaron 90 días donde todo se modificó", señaló. También mencionó que ARCA no giró fondos al Ministerio de Salud y que los prestadores pasaron un mes sin cobrar.

Los dos artículos que afectan directamente a las personas con discapacidad

Ferreas denunció que el proyecto oficialista busca volver a un régimen de incompatibilidad laboral entre la pensión no contributiva y la actividad laboral. "Cualquier persona que reciba una pensión no contributiva no puede aparecer registrada en ningún sistema laboral, ni por relación de dependencia ni por monotributo. Si aparece, se le cae la pensión", explicó. "Una pensión que es el 70% de una jubilación mínima, que no es una millonada, pero es un apoyo económico que le sirve para sostener su vida", agregó.

El referente también cuestionó el sistema de invalidez laboral que se busca reinstalar: "Ya no podemos hablar de invalidez laboral. Lo que tenemos que hablar es de una pensión no contributiva como apoyo económico para una persona con discapacidad. La discapacidad en sí ya marca una barrera y una situación de desventaja en relación al resto", concluyó.