“Acá no han dejado en pie ni un solo derecho y el objetivo que tienen es habilitar despidos masivos, destruir la ciencia, la organización gremial y precarizar absolutamente todas las relaciones laborales y habilitar en un contexto de profunda recesión y de inflación. La transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores a el enriquecimiento de los empresarios para que sigan jugando capitales, no para que se invierta”.

“Hoy aquí en el Hospital Garrahan estamos celebrando una victoria que obtuvieron los trabajadores en el ámbito de la justicia, porque todos los intentos de reprimir a los trabajadores, de procesarlos, la justicia los ha descalificado”.

“No descartamos que el gobierno apele esta decisión que da por tierra de los sumarios que se aplicaron aquí, pero es muy importante unirnos, unir todas las luchas y todas las expresiones de los y las trabajadoras y del pueblo”.

“Mañana vamos a movilizarnos en todo el país y particularmente en el Congreso, para rechazar esta reforma laboral y para decir que la pelea de este frente sigue adelante para defender salarios, para defender los puestos de trabajo y para defender en definitiva la perspectiva de una vida mejor en la Argentina”.

¿La fuerza está en las calles a través de esa unión o se puede esperar la judicialización de esta reforma laboral?

“No, está en todos lados, va a seguir en las calles, en los lugares de trabajo y va a seguir en la justicia porque esta ley es profundamente inconstitucional. 160 puntos de inconstitucionalidad tienen los 213 artículos que se están aprobando o se estarían aprobando mañana en esta ley. Va a continuar en el debate público porque necesitamos construir conciencia del conjunto de nuestra sociedad de la magnitud de la ofensiva del capital sobre los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras”.

“Para nosotros hay una conciencia muy fuerte. Hubo otros momentos oscuros cuando el Congreso de la Nación en democracia aprobó la Ley Banelco de reforma laboral o cuando el Congreso aprobó la Ley de Obediencia Debida para garantizar la impunidad a los genocidas de la dictadura”.

“Esas leyes las pudimos derogar y anular para que no tengan efectos jurídicos y pudiéramos llevar adelante los juicios de lesa humanidad con el que hoy muchos genocidas están presos a cadena perpetua y otros han muerto en la cárcel como se merecían estar presos por el enorme daño que le hicieron a nuestra sociedad”.