IPS Renewal, Holdec Inversora y Semisa Infraestructura no son actores aislados del mercado energético. Por el contrario, operan dentro de un mismo ecosistema empresario, con foco en infraestructura y activos hidroeléctricos, y aparecen de manera recurrente articuladas (aunque formalmente separadas) en expedientes clave del Estado nacional.

En los registros oficiales, cada una figura con razón social distinta y sin declarar control cruzado. Esa arquitectura jurídica permite al Estado computar múltiples oferentes, exhibir mayor “pluralidad” y simular competencia. Sin embargo, cuando se cruza documentación pública y para-pública, el cuadro cambia: las coincidencias no son casuales ni esporádicas, sino sistemáticas.

El ejemplo más contundente surge del Dictamen de Preselección tramitado en el portal CONTRAT.AR para la venta de acciones de centrales hidroeléctricas del Comahue. En un mismo expediente administrativo, IPS Renewal aparece como oferente principal; Semisa Infraestructura interviene a través de la garantía bancaria de la oferta; y Holdec Inversora es mencionada como operadora de activos hidroeléctricos preexistentes. Tres roles distintos, una misma operación, un solo acto administrativo.

Tres roles distintos.
Una misma operación.
Un solo acto administrativo.

Ese esquema se refuerza al revisar los listados oficiales de la Oficina Nacional de Contrataciones. IPS Renewal y Holdec Inversora figuran juntas en el Módulo Privatizaciones, mientras que IPS Renewal y Semisa Infraestructura comparten habilitación como concesionarios bajo la Ley 17.520. No se trata de una coincidencia aislada, sino de una superposición de habilitaciones, objetivos de negocio y campos de acción.

Este entramado vuelve especialmente sensible la operación sobre Manantiales Behr. Cuando empresas vinculadas se presentan como independientes, la competencia se distorsiona y el precio final de un activo público deja de ser un resultado genuino. El Estado puede terminar evaluando como múltiples ofertas lo que, en los hechos, funciona como un mismo grupo económico fragmentado, con capacidad de influir sobre el valor de activos estratégicos.

El problema no es sólo económico. La fragmentación artificial de oferentes debilita la transparencia del proceso, erosiona la legitimidad de las licitaciones y abre la puerta a conflictos de intereses y ocultamiento de información relevante. No es una falla técnica del sistema: es una distorsión funcional que beneficia a quienes saben moverse en zonas grises cuando el Estado baja la guardia.

La operación sobre Manantiales Behr no se dio en el vacío ni fue el resultado de una licitación rutinaria. El proceso, gestionado por el Banco Santander, tenía inicialmente un objetivo claro: desprenderse del último gran yacimiento convencional de YPF en la Cuenca del Golfo San Jorge por un valor estimado en torno a los 300 millones de dólares. Un número consistente con el interés de operadores petroleros con experiencia en áreas maduras.

Ese escenario se alteró de manera abrupta con la irrupción de Rovella Energía, que presentó una oferta de US$500 millones, acompañada por un compromiso adicional de US$250 millones en inversiones durante los dos primeros años. El salto fue tan significativo que dejó fuera de carrera a todos los competidores del sector: CGC (Corporación América), Pecom (Grupo Pérez Companc), Capsa y San Martín Energía, esta última incluso con una oferta no solicitada que había validado previamente el rango de valuación del activo.

A ese cuadro se suma un dato de máxima gravedad: la vinculación indirecta de este entramado empresario con figuras de alto riesgo reputacional y penal. Por un lado, la situación judicial de Mario Ludovico Rovella, imputado en la causa Cuadernos, expone al grupo a riesgos severos en materia de integridad. Por otro, la aparición del nombre de Federico “Fred” Machado (investigado por narcotráfico y lavado de activos) cuya conexión con IPS Resources está documentada.

No se trata de afirmar responsabilidades directas ni de establecer imputaciones. Se trata de advertir un patrón que vuelve a repetirse: estructuras empresariales fragmentadas, financiamiento difícil de trazar, baja de controles y activos públicos estratégicos puestos en juego bajo la ficción de la competencia.

El problema, en definitiva, no es que estos nombres aparezcan. El problema es cuándo aparecen. Siempre en los mismos momentos: cuando el apuro por desinvertir se impone sobre la prudencia, cuando el Estado decide correrse y cuando la energía deja de pensarse como un recurso estratégico para pasar a tratarse como una mercancía más.

En ese punto, Manantiales Behr deja de ser un caso aislado. Se convierte en síntoma. Y los síntomas, cuando se repiten, ya no son errores: son decisiones políticas.(fuente: denergia.com.ar)