La situación se agravó cuando el propio Banco Central admitió ante la Auditoría General de la Nación (AGN) que a lo largo de todo 2024 no existieron contratos por el envío de oro al exterior. La falta de respaldo formal alcanza tanto al cierre del año pasado como a la actualidad, dejando sin trazabilidad una operatoria millonaria.

El tema ya escaló al ámbito judicial y puso bajo la lupa a la conducción de la autoridad monetaria, en un contexto de reservas en rojo y con el precio internacional del oro en niveles récord.

En la nota remitida a la AGN, desde el BCRA fueron categóricos: "Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen". La respuesta oficial fue todavía más lejos al aclarar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, "no hay contratos".

Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial, ya que la Justicia exige explicaciones sobre el destino y las condiciones de la operatoria. La admisión dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre un movimiento valuado en USD 4.981 millones: sin contratos, no hay documentación que revisar, como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran esfumado.

La presunción de delito encuentra respaldo en elementos concretos. Los funcionarios del Central no administran bienes propios, sino activos públicos. La inexistencia de respaldo contractual no es un mero error administrativo, sino que abre un frente penal. Cuando un activo estratégico de esa magnitud pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser solo institucional y pasa a ser personal. No hay lugar para interpretaciones ingenuas.

Con el expediente ya en manos de la Justicia, el margen para seguir ocultando información se redujo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central entregar datos precisos y fue explícita en su reproche: sostuvo que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado invoca confidencialidad, debe demostrar un daño concreto y no alcanza con alegar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría, tras la jura de nuevos auditores.

El contexto internacional vuelve el episodio todavía más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un máximo histórico. Esa suba actúa como un salvavidas contable para un Banco Central con las reservas líquidas hundidas. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales podrían ubicarse en torno a los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el rojo sería aún mayor.

La paradoja es evidente: los lingotes siguen computando como reservas, aunque nadie pueda decir con certeza dónde están. No se sabe si se encuentran en Londres, en Basilea, si generan algún rendimiento o si fueron entregados como garantía para obtener dólares frescos.

La falta de información sobre el destino de las reservas de oro de Argentina convirtió al tema en uno de los mayores interrogantes que enfrenta hoy el Banco Central. Mientras el oro marca récords y las reservas netas siguen en terreno negativo, la pregunta central sigue sin respuesta: dónde están los lingotes que deberían respaldar al país.