La estructura afectada pertenece al Grupo 2 de Comunicaciones, una unidad estratégica de la Fuerza Aérea encargada del soporte técnico y de infraestructura en telecomunicaciones para el sur del país. Según se detalla en el pliego técnico, la cubierta de la nave central sufrió severos daños por vientos extremos ocurridos en agosto de 2023. Ante el riesgo de colapso, se decidió ejecutar su desmontaje completo.

El procedimiento se formalizó bajo la Licitación Privada N° 40/24-0059-LPR25, sin erogación económica. En lugar de recibir dinero, la empresa Samuel Horacio Platón Kwick fue autorizada a quedarse con todos los materiales desmontados como contraprestación por los trabajos. El monto del contrato figura oficialmente como $0, ya que el sistema COMPR.AR no contempla permutas no dinerarias como modalidad regular.

Los materiales transferidos por el Estado incluyen:

• 3.575 m² de chapas metálicas, valuadas en $62,5 millones
• Luminarias industriales, por $6,7 millones
• 21 cabriadas metálicas (estructuras de acero para techado), por un total de $15,3 millones
• La obra, que incluye demolición, limpieza y protocolos de seguridad, tiene un plazo de ejecución de 90 días hábiles a partir de la firma del contrato, fechada el 20 de marzo de este año.

¿Un negocio posible?

Aunque el procedimiento fue legal y se enmarca dentro de las excepciones previstas en la normativa vigente, la operación reaviva un debate recurrente en la administración pública: ¿podría haberse realizado una subasta o venta del material como rezago estatal para obtener ingresos?

Especialistas en contrataciones públicas consultados por Noticias Argentinas explicaron que el hierro estructural, las luminarias industriales y las chapas desmontadas podrían haber tenido valor de reventa, incluso en el mercado de materiales reciclables o usados para construcción.

En lugar de ello, todo fue entregado al adjudicatario, sin que se haya convocado a una licitación abierta, ni se haya explorado un modelo mixto de contratación con ingreso parcial de recursos.
Según el expediente administrativo, otra empresa –Sigma Servicios Integrales S.A.– presentó una oferta alternativa, pero fue desestimada por no cumplir con los requisitos de garantía ni presentar condiciones económicas más convenientes para el Estado.

La operación fue tramitada por la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Aérea, bajo la conducción del Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri. Hasta el momento, la cartera no se expresó públicamente sobre el caso, ni informó si se evaluó la posibilidad de monetizar los materiales como recurso fiscal.