En un documento presentado por la Unión de
Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se expone la
indignación y preocupación de las 140,000 trabajadoras sociocomunitarias que cocinan
diariamente en 44,000 comedores populares, brindando alimentación a más de 10
millones de personas. Estas trabajadoras denuncian que, desde el inicio del
gobierno actual, no han recibido ningún tipo de apoyo ni suministro de
alimentos para llevar adelante su labor fundamental.
La falta de respuesta por parte del gobierno
ha generado profundo dolor, impotencia y bronca en las trabajadoras
sociocomunitarias, quienes presencian con tristeza cómo las cenas vacías se
multiplican en los barrios populares del país. A pesar de haber agotado todas
las instancias de diálogo con el ministerio correspondiente, no han obtenido
una solución satisfactoria.
La situación económica del país agrava aún
más el panorama, con una tasa de pobreza cercana al 60%, una inflación del
20.6% en enero y una pérdida significativa del poder adquisitivo. Los brutales
aumentos en alimentos, garrafas, transporte, alimentos para los mayores y
alquileres han generado una licuación generalizada del poder adquisitivo,
afectando directamente a las familias más empobrecidas. En este contexto, el
gobierno ha decidido eliminar la asistencia alimentaria, la última barrera de
contención para aquellos que menos tienen, dejando a 6 millones de personas sin
recursos suficientes para alimentarse adecuadamente.
Ante la clausura del diálogo por parte del
gobierno y la falta de respeto y maltrato recibido, las trabajadoras
sociocomunitarias han decidido tomar medidas. Anuncian un plan de lucha para
exigir justicia en la alimentación de los sectores más vulnerables de la
sociedad. Mientras el gobierno anuncia actualizaciones en el salario mínimo
vital y móvil, continúan persiguiendo y atacando a estas trabajadoras, quienes
apenas reciben un salario social que no alcanza a cubrir sus necesidades
básicas.
La arbitrariedad en la asignación de
recursos y la falta de respuesta por parte del gobierno han llevado a las
trabajadoras sociocomunitarias a levantar su voz en defensa de sus derechos y
de aquellos a quienes asisten. Con un trabajo que han tenido que inventar a
partir de la exclusión que han sufrido, estas trabajadoras no tolerarán más la
falta de respeto y la crueldad a la que son sometidas.