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De la promesa revolucionaria a los reclamos por educación pública, Francia vuelve a discutir quiénes pueden ejercer la igualdad. Desde Argentina, esa pregunta también nos interpela.
Por Nancy Cardozo
Las
palabras sobreviven a quienes las pronuncian. Se graban en edificios,
atraviesan constituciones y adquieren la solemnidad de lo indiscutible.
Libertad, igualdad, fraternidad: tres principios con los que Francia se
presenta ante el mundo. Cada conflicto social vuelve a preguntar cuánto de esa
promesa llega a la vida cotidiana.
El lema
surgió durante el período revolucionario y fue incorporado como principio
constitucional en 1848, su historia expresa una construcción disputada. La
Declaración de 1789 proclamó la igualdad de derechos mientras la esclavitud
colonial persistía: Francia la abolió en 1794, revocó aquella abolición en 1802
y volvió a abolirla definitivamente en 1848. La universalidad proclamada tuvo
fronteras concretas.
En mayo de
1968, estudiantes y trabajadores pusieron en discusión la autoridad y las
condiciones de vida. Las universidades y las fábricas se convirtieron en
espacios de intervención política. La historiadora Michelle Zancarini-Fournel
recuerda que la movilización sindical, inicialmente en apoyo a los estudiantes,
adquirió un sentido político contra el régimen. Reducir aquel movimiento a sus
consignas más famosas deja fuera sus conflictos laborales y su dimensión
colectiva.
Casi seis
décadas después, la fraternidad también adquirió una forma concreta en las
calles: cuerpos adultos que acompañaron y protegieron a los estudiantes. El 6
de octubre, padres y docentes formaron un cordón humano alrededor del cortejo
en Toulouse para evitar enfrentamientos; en París, otros adultos hicieron una
cadena frente al liceo Hélène-Boucher. Esas escenas permiten leer la defensa de
la educación como una responsabilidad compartida entre generaciones.
Otra escena
concentra la atención: Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, fue alcanzado
por gas lacrimógeno durante una manifestación estudiantil en París. Su
presencia entre manifestantes y policías circuló en redes. Reclamó una
desescalada y negociaciones con las organizaciones de estudiantes. La imagen
tiene una carga particular, Bagayoko, hijo de una familia de origen maliense y
miembro de La Francia Insumisa, ganó las municipales con el 50,77 % de los
votos. El País lo identifica como el primer alcalde negro y musulmán de
una ciudad francesa de más de cien mil habitantes. Su elección estuvo
acompañada por ataques racistas y desinformación.
Jacques
Rancière, filósofo francés cuya obra aborda la igualdad, la emancipación
intelectual, la democracia y las relaciones entre política y estética, aporta
otro hilo para conectar estos acontecimientos. Su pensamiento vincula la
emancipación con la ruptura de los lugares asignados. En una entrevista de 2025
sostuvo, traducido del francés: “Hay una multitud de maneras de constituirse en
pueblo que se enfrentan”. La solidaridad y el resentimiento pueden producir
comunidades políticas diferentes. Desde esa perspectiva, alrededor de Bagayoko
también se disputa quién tiene derecho a hablar y representar a Francia.
Argentina
entra en este recorrido por la educación pública. Este 7 de octubre, los
rectores anunciaron una reunión en Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento
de la ley de financiamiento universitario, después de una sentencia de primera
instancia que ordenó su aplicación. El Gobierno apeló y sostiene que la norma
requiere recursos presupuestarios definidos. Las universidades reclaman fondos,
salarios y becas.
Los
conflictos tienen historias y escalas diferentes. Comparten una pregunta
material: ¿cómo se ejerce el derecho a estudiar si las instituciones y quienes
enseñan carecen de condiciones suficientes? La Constitución argentina reconoce
la igualdad ante la ley y establece garantías para la educación pública
estatal. El presupuesto determina una parte decisiva de su realización.
Libertad
para reclamar. Igualdad para acceder y permanecer. Fraternidad para reconocer
que la educación de otros también forma parte de nuestro porvenir. Desde
Francia hasta Argentina, las tres palabras pueden servir como criterio para
examinar decisiones públicas.
La escena
viral dura segundos. La pregunta que deja exige más tiempo: ¿qué hace una
democracia cuando sus ciudadanos le reclaman que cumpla sus propias promesas?
Nota de
autora: Este análisis propone leer los acontecimientos franceses desde una
mirada argentina y federal. El recorrido histórico busca interrogar la
distancia entre los derechos proclamados y las condiciones para ejercerlos. Las
conexiones entre épocas y países son interpretaciones de la autora, apoyadas en
las fuentes citadas.
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La presidenta de FESPROSA dialogó con La Constructora Radio tras su participación en el Encuentro Internacional de Sindicatos de Servicios Públicos en Madrid y sostuvo que la única herramienta fuerte de los trabajadores es la movilización y la huelga. Advirtió que Argentina se usa como "ejemplo de lo que no tiene que pasar" y que el presupuesto 2027 incluye discapacidad dentro de salud para disfrazar el aumento.
La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia elevó a más de $27 millones la indemnización que deberá afrontar una empresa de transporte urbano por las lesiones sufridas por una pasajera. El tribunal ratificó la responsabilidad objetiva del transportista y utilizó los ingresos reales de la víctima para recalcular su incapacidad.
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La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales dialogó con La Constructora Radio y sostuvo que el Gobierno "castiga al trabajador", con 18 meses de sueldos congelados, más de 600 retiros voluntarios y falta de fondos para combustible, cubiertas o cuchillas para la nieve. Advirtió que las concesiones han fracasado, que no hay profesionales para supervisar y que la accidentología no se actualiza. "El pueblo argentino tiene que saber que es grave", afirmó.
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El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte denunció que la declaración del transporte como actividad esencial impide protestas y acción sindical. Advirtió que el país tiene un problema de matriz logística por la falta de combinación de modos, el vaciamiento de Vialidad y las más de 300 muertes anuales por accidentes de tránsito.
La Ley 27.610 continúa vigente y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, además de establecer un plazo máximo de diez días corridos desde la solicitud para acceder a la práctica.