¡Instala nuestra app!
Disfruta de una mejor experiencia en tu dispositivo.
Disfruta de una mejor experiencia en tu dispositivo.
Hay frases que sobreviven a su tiempo porque consiguen nombrar algo más profundo que una circunstancia. Una imagen que nació en el campo argentino hace más de ocho décadas, hoy admite otra lectura. La tierra, el litio, el cobre, los hidrocarburos, la energía, los puertos y hasta la infraestructura digital, podrían ser “arriadas” a territorios extranjeros.
Por Nancy Cardozo
No se trata de afirmar que todo sea lo mismo
ni de construir una conspiración donde los documentos no la prueban. Se trata
de observar una secuencia de decisiones que, leídas por separado, pueden
parecer independientes y que, puestas unas junto a otras, abren una pregunta
inevitable: ¿qué significa conservar la soberanía sobre los recursos cuando
su extracción, financiamiento, transporte y destino comercial comienzan a
integrarse en cadenas estratégicas definidas junto a una potencia extranjera?
El último capítulo de esa secuencia lo
escribió la Corte Suprema.
El 29 de septiembre, el máximo tribunal dejó
sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado
inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, aquel que derogó la Ley
26.737 de Tierras Rurales. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad
de la derogación. Consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de
La Plata no tenía legitimación suficiente para impulsar aquella acción. El
efecto concreto, sin embargo, fue que volvió a quedar operativo el artículo del
DNU que eliminó el régimen de protección.
Y aquí importa recordar exactamente qué
protegía aquella ley.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, limitaba al
15% la titularidad extranjera de tierras rurales en todo el país y
también dentro de provincias y municipios. Ninguna nacionalidad extranjera
podía superar el 30% de ese cupo y un mismo titular extranjero tenía como
máximo 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o una superficie equivalente en otras
regiones. También restringía la propiedad extranjera sobre inmuebles con
grandes cuerpos de agua y en determinadas zonas de frontera.
Su artículo 11 iba incluso más lejos
conceptualmente: establecía que, para los tratados bilaterales de inversión
vigentes entonces, la adquisición de tierras rurales no debía considerarse una
inversión porque la tierra era entendida como un recurso natural no
renovable aportado por el país receptor.
La discusión, por lo tanto, nunca fue
exclusivamente inmobiliaria.
Lo que no
pudo avanzar en el Senado
Hay otro dato que vuelve especialmente
significativa la decisión judicial.
Durante 2026, el Gobierno intentó modificar el
régimen de tierras dentro del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de
la Propiedad Privada. La propuesta inicial eliminaba varias restricciones.
Luego, durante la negociación parlamentaria, se planteó elevar del 15% al 25%
el límite de propiedad extranjera a nivel provincial y suprimir restricciones
como el tope de 1.000 hectáreas por titular.
El proyecto tampoco mantenía exactamente la
protección territorial prevista originalmente sobre municipios, cursos de agua
y determinadas zonas sensibles. Ante la falta de votos, el oficialismo retiró
todo el capítulo referido a tierras el 5 de agosto.
Conviene detenerse ahí.
En agosto, el Congreso no reunió consenso para
modificar el régimen.
En septiembre, una decisión judicial dejó sin
efecto el fallo que impedía aplicar su derogación por DNU.
No es correcto afirmar que exista una relación
causal entre ambos hechos. Son procedimientos institucionales diferentes.
Tampoco la Corte resolvió sobre la constitucionalidad de fondo.
Sin embargo, el efecto político y económico
merece ser observado: una regulación que limitaba la propiedad extranjera
sobre tierras rurales dejó de operar en el mismo año en que la Argentina
profundizó una batería de acuerdos estratégicos sobre minerales, inversiones,
infraestructura y cadenas de suministro.
Los
minerales críticos
El 4 de febrero de 2026 Argentina y Estados
Unidos firmaron el Marco para Garantizar el Suministro en la Minería y el
Procesamiento de Minerales Críticos.
No es una caracterización periodística. Ese es
el nombre oficial que aparece en la Biblioteca Digital de Tratados de
Cancillería, donde figura además como vigente desde el mismo día de su firma.
Según el comunicado oficial de Cancillería,
busca desarrollar un suministro de minerales críticos “seguro, resiliente y
competitivo”. Incluye financiamiento público y privado, simplificación de
permisos, mapeo geológico, reciclaje y gestión de materiales críticos.
Argentina posee precisamente algunos de los
recursos que concentran la atención internacional: cobre y litio, además de
proyectos vinculados con tierras raras, níquel, grafito, tungsteno, manganeso y
otros minerales considerados críticos. La propia Cancillería describe al país
como un posible proveedor estratégico dentro de un mercado global tensionado
por la transformación digital, la transición energética y la competencia
geopolítica.
La palabra importante aquí quizá no sea “minerales”,
sino “suministro”.
Porque quien piensa en suministro ya no mira
exclusivamente el yacimiento. Mira toda la cadena.
Pax Silica: de la
montaña al semiconductor
Esa dimensión aparece con mayor claridad en Pax
Silica, esta expresión latina
ligada a la estabilidad y
el consenso.
Argentina se incorporó en 2026 a esta
arquitectura impulsada por Estados Unidos alrededor de cadenas seguras
vinculadas con inteligencia artificial y semiconductores.
No hace falta interpretar demasiado. El propio
canciller Pablo Quirno vinculó públicamente tres elementos: el acuerdo
comercial con Estados Unidos, el acuerdo sobre minerales críticos y la
incorporación argentina a Pax Silica. Según explicó, esas iniciativas
conectan al país con los circuitos de la inteligencia artificial y de los
semiconductores.
El mismo discurso ofrece quizá la mejor
explicación del fenómeno: una economía cada vez más digital depende,
paradójicamente, de cantidades crecientes de recursos físicos.
La nube necesita territorio.
La inteligencia artificial necesita centros de
datos.
Los centros de datos necesitan energía.
Los semiconductores necesitan minerales.
Y los minerales están debajo de una tierra
concreta.
La discusión tecnológica vuelve entonces al
territorio.
El acuerdo
comercial
Un día después del acuerdo sobre minerales
críticos, el 5 de febrero, Argentina y Estados Unidos firmaron el Acuerdo
sobre Comercio e Inversiones Recíprocos.
Cancillería informó que el instrumento incluye
compromisos sobre inversiones, reducción de aranceles, acceso preferencial a
mercados, comercio digital, propiedad intelectual y financiamiento
estadounidense para sectores considerados críticos.
Hay aquí una precisión necesaria: aunque fue
firmado, la propia Biblioteca Digital de Tratados de Cancillería lo registra
actualmente como “no está en vigor”.
Esa diferencia jurídica no es menor. Firmar un
acuerdo, tenerlo vigente y ejecutarlo plenamente son situaciones diferentes.
Lo importante para observar la arquitectura
general es que el documento introduce otra pieza: no alcanza con tener
minerales. También hacen falta reglas de comercio, inversiones,
financiamiento y acceso a mercados. La llamada: trazabilidad.
Andes-Atlántico:
el camino hacia los puertos
El 23 de septiembre apareció la pieza quizá
más reveladora.
Argentina y Estados Unidos anunciaron el Corredor
Andes-Atlántico.
El texto oficial dice que busca conectar
sectores económicos argentinos con los principales puertos del Atlántico y los
mercados occidentales. Prevé inversión pública y privada en transporte, energía
e infraestructura digital. Menciona específicamente ferrocarriles, vías
navegables, puertos, oleoductos, generación y transmisión eléctrica.
Y agrega algo todavía más directo: esas
inversiones permitirán aumentar las exportaciones de minerales, petróleo y
gas.
El documento conecta expresamente el Corredor
con los acuerdos anteriores.
Para minería, establece que deberán
identificarse oportunidades bajo el Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre
Argentina y Estados Unidos.
Para infraestructura digital, remite al
Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca.
Y señala que Argentina continuará
fortaleciendo el marco legal y la protección de las inversiones para atraer
capital extranjero.
No hace falta unir puntos que los documentos
mantienen separados.
Los propios documentos empiezan a unirlos.
Minerales.
Inversión.
Energía.
Infraestructura.
Ferrocarriles.
Puertos.
Tecnología.
Mercados.
La pregunta
por la tierra
La tentación sería concluir que todo esto
implica automáticamente una entrega del territorio nacional. Los documentos no
permiten afirmarlo, como se aclaró
en el
inicio de la crónica.
Tampoco comprar una tierra equivale
jurídicamente a comprar los minerales de su subsuelo. El régimen argentino
distingue propiedad inmobiliaria, dominio originario provincial sobre recursos
naturales y derechos de explotación.
Entonces la pregunta tiene que ser más
compleja. Porque la soberanía no consiste únicamente en poder afirmar que algo
“nos pertenece". También supone capacidad para decidir cómo se explota, quién lo financia, quién
agrega valor, quién construye la infraestructura, hacia dónde se transporta y
qué parte de la renta queda en el territorio donde el recurso fue extraído.
Ahí aparece nuevamente Yupanqui: “Las penas
son de nosotros, las vaquitas son ajenas.” La frase no debería utilizarse como
sentencia anticipada ya que puede funcionar mejor como interrogante.
Puesto que la Argentina parece estar
ingresando en una etapa en la que sus ventajas comparativas vuelven a
concentrarse en aquello que está debajo y encima de su territorio: tierra,
agua, petróleo, gas, cobre, litio, energía y espacio para infraestructura.
Estados Unidos no oculta su interés y Argentina tampoco oculta su voluntad de convertirse en proveedor estratégico.
El propio Corredor Andes-Atlántico habla de fortalecer cadenas de suministro y de crear oportunidades para empresas estadounidenses en esos proyectos.
El debate pendiente es otro. ¿Argentina
quiere limitarse a ocupar el lugar de proveedor confiable de materias primas y
energía o pretende utilizar esta nueva demanda internacional para construir
también tecnología, procesamiento, industria y conocimiento propios?
Siendo que no existe contradicción necesaria
entre inversión extranjera y soberanía.
La contradicción aparece cuando un país posee
recursos extraordinarios y termina participando sólo del primer eslabón de su
valor. Quizás por eso aquella frase escrita para un arriero sigue incomodando
ochenta años después.
Cambian las vaquitas.
La pregunta por quién se queda con ellas, debe
seguir siendo de los argentinos.
La Secretaría Nacional de Discapacidad revocó para ese grupo la medida que había restablecido los beneficios por orden judicial. Los afectados tienen 60 días para pedir la rehabilitación, ahora a través del PAMI y no de ANSES.
El avance de Flávio Bolsonaro en Brasil abre una disputa que supera las urnas. Los conceptos de Wendy Brown permiten analizar cómo el malestar social puede alimentar proyectos que debilitan la democracia en nombre de la libertad.
Mientras el Congreso se prepara para discutir el Presupuesto 2027, otras reformas avanzan primero y pueden modificar las reglas bajo las cuales ese presupuesto deberá construirse. La Carta Orgánica del Banco Central, el llamado “grillete fiscal”, discapacidad y Zona Fría parecen debates separados. Tal vez convenga empezar a mirarlos como piezas de una misma arquitectura.
Una jueza federal de Río Grande dispuso que las petroleras Navitas y Rockhopper suspendan las obras hasta que el emprendimiento atraviese una evaluación ambiental argentina. La medida es preventiva y su ejecución efectiva dependerá de la cooperación internacional.
La sesión prevista en la Cámara alta se cayó porque el oficialismo no logró reunir los votos necesarios. Las diferencias por la Ley de Biocombustibles volvieron a mostrar los límites de La Libertad Avanza para ordenar a sus aliados.