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Una jueza federal de Río Grande dispuso que las petroleras Navitas y Rockhopper suspendan las obras hasta que el emprendimiento atraviese una evaluación ambiental argentina. La medida es preventiva y su ejecución efectiva dependerá de la cooperación internacional.
La Justicia Federal de Río Grande abrió un
nuevo frente contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca
Malvinas Norte. La jueza Mariel Borruto ordenó a las empresas Navitas
Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar o continuar
las obras vinculadas con la explotación de hidrocarburos hasta que se realice
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la legislación
argentina.
La medida cautelar fue solicitada por el Centro
de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata —CECIM— y la Asociación
Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas —AAdeAA—, en el
marco de una acción preventiva por posible daño ambiental colectivo.
El fallo no determina que el daño ambiental
vaya a producirse ni resuelve todavía la responsabilidad de las compañías. Su
punto central es otro: según informó la Dirección de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Nación, las empresas no habían iniciado ante las autoridades
argentinas ningún aviso de proyecto ni procedimiento de evaluación ambiental.
“No se afirma que el daño ambiental invocado
se producirá”, aclaró Borruto. Lo que se constata, sostuvo, es que las empresas
omitieron el procedimiento destinado a establecer si existirán impactos y
cuáles deberían ser las medidas para prevenirlos o mitigarlos. Sobre esa base,
la magistrada aplicó los principios de prevención y precaución
contemplados en la Ley General del Ambiente.
Qué
actividades quedaron alcanzadas
La cautelar comprende las perforaciones del
lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, los
conductos y sistemas de control, las estructuras de fondeo y la eventual puesta
en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y
descarga de petróleo.
También alcanza el inicio de la extracción
comercial y las obras terrestres o portuarias destinadas a sostener la
actividad: bases logísticas, ampliaciones portuarias, depósitos de productos
químicos, plantas de preparación de cemento y lodos de perforación,
alojamientos e instalaciones de apoyo aeronáutico.
Según la documentación incorporada al
expediente, la primera etapa del proyecto contempla 23 pozos: 16 productores
de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas, además de
una unidad flotante y una red de infraestructura submarina.
Entre los riesgos que deberán ser analizados
aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido
submarino, las descargas operativas, el tránsito de embarcaciones, la
interacción con mamíferos y aves marinas y la posibilidad de derrames de
hidrocarburos. La jueza remarcó que estos efectos no fueron establecidos como
inevitables, pero consideró que se trata de una actividad capaz de producir
modificaciones ambientales relevantes.
Un proyecto
que ya entró en etapa de ejecución
El yacimiento Sea Lion en la
Cuenca Malvinas Norte-Fuente: Rockhopper Exploration
·
Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220
kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es operado por Navitas,
con una participación del 65%, junto con Rockhopper, que posee el 35%.
Las compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y
proyectan comenzar la producción comercial en 2028.
La primera fase apunta a producir alrededor de
50.000 barriles diarios. Rockhopper informó que ya fueron
contratados o seleccionados componentes centrales del desarrollo, como la
unidad flotante de producción, el equipo de perforación y los sistemas
submarinos. La empresa sostiene, además, que recibió las autorizaciones
exigidas por las autoridades que administran las islas y que la evaluación
ambiental fue aprobada en esa jurisdicción.
La discusión, por lo tanto, no se limita a la
existencia o ausencia de controles ambientales, sino que incluye una disputa
sobre qué autoridad posee competencia para realizarlos. Para la posición
argentina, las licencias británicas no tienen validez en un territorio sometido
a una controversia de soberanía. El Reino Unido, en cambio, sostiene que el
gobierno de las islas regula legítimamente la actividad económica y que la legislación
argentina no resulta aplicable allí.
La
advertencia de Andrés Dachary en Pulso de Radio
El secretario de Malvinas, Antártida, Islas
del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés
Dachary, había advertido en una entrevista concedida a Pulso de Radio el
28 de agosto que Sea Lion no podía ser analizado solamente como un
emprendimiento petrolero.
Dachary señaló que una explotación de esta
magnitud podría modificar profundamente la estructura económica de las islas,
actualmente sostenida en gran medida por las licencias pesqueras, y fortalecer
las condiciones materiales de la presencia británica en el Atlántico Sur.
También remarcó que cuanto mayor sea la autonomía económica alcanzada mediante
los hidrocarburos, más difícil podría resultar la reapertura de una negociación
bilateral por la soberanía.
Durante aquella conversación, el funcionario
fueguino vinculó el proyecto con la necesidad de impedir que puertos y
servicios del continente argentino sean utilizados directa o indirectamente
como apoyo logístico. En ese contexto, cuestionó el ingreso a Ushuaia del
petrolero de bandera británica VS Promise, ocurrido pocos días
antes de la entrevista, y reclamó una política de Estado coherente y sostenida
sobre Malvinas.
También sostuvo que la explotación unilateral
contradice el llamado de las Naciones Unidas a evitar innovaciones mientras
permanezca pendiente la controversia de soberanía, y reclamó recuperar una
estrategia argentina que trascienda los cambios de gobierno.
El alcance
y los límites de la resolución
La cautelar representa un antecedente
significativo porque incorpora la dimensión ambiental a una controversia
habitualmente abordada desde la soberanía, la diplomacia y la explotación de
recursos naturales. Sin embargo, no equivale todavía a una paralización
material garantizada.
Navitas y Rockhopper tienen
domicilio en el extranjero y desarrollan el proyecto bajo autorizaciones
emitidas por las autoridades británicas de las islas. La propia resolución
reconoce que su cumplimiento dependerá de la cooperación internacional y de la
conducta de las compañías. El Gobierno británico ya manifestó que no reconoce
jurisdicción argentina sobre las actividades desarrolladas en el archipiélago.
La decisión judicial sí puede generar
consecuencias para proveedores, aseguradoras, entidades financieras,
contratistas y empresas que mantengan activos o negocios en jurisdicciones
donde las medidas argentinas puedan ser ejecutadas. Esa presión jurídica y
comercial podría adquirir relevancia a medida que el proyecto avance y requiera
nuevas contrataciones internacionales.
La cautelar es provisional y podrá mantenerse,
modificarse, ampliarse o dejarse sin efecto cuando se presenten los informes
solicitados y las compañías intervengan formalmente en el expediente. Por
ahora, la Justicia argentina estableció una condición clara: desde la
perspectiva de su legislación, Sea Lion no debería avanzar sin una evaluación
previa de sus posibles consecuencias sobre uno de los ecosistemas más sensibles
del Atlántico Sur.
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