“Hay muchísimas cosas que todavía están en proceso de implementación que marca la ley actual. Lo que haría esa reforma de aprobarse sería no solo un freno, sino un retroceso enorme al pasado”.

“En 2010 cuando se aprobó la Ley Nacional 26.657 ya estábamos bastante atrasados en relación a muchos países. Así que, si se aprueba este proyecto, no estaríamos atrasados quince años, sino setenta años atrás”.

“La Ley actual plantea es un paradigma de derechos, donde lo que se necesita es preservar los derechos de las personas con problemáticas de salud mental que estarían entre los grupos más vulnerables, junto con otros colectivos. Lo que haría este proyecto de ley, es volver a oficializar y a abrir la posibilidad de nuevos manicomios… ellos lo llaman ‘hospitales especializados’, pero no le quitan la esencia, son lugares de segregación donde solamente se internan personas con problemáticas de salud mental”.

La ley actual indica que los procesos de atención deben realizarse en la comunidad, esto implica que deben realizarse cerca de donde las personas viven y buscando respetar el máximo posible la autonomía, siempre que sea posible.

“Por supuesto que hay momentos en que las internaciones son necesarias, inclusive internaciones involuntarias cuando la persona no está en condiciones o no quiere dar su consentimiento, si está en una situación de riesgo se deben realizar en hospitales generales”.

“Esto lo que hace es que estén en igualdad de derechos que el resto de la problemática de la salud. Pero no como dicen aquellos que pretenden modificar la ley, inclusive en la presentación de la Directora Nacional de Salud Mental ‘internar a una persona con una crisis de salud mental al lado de un enfermo cardíaco’. Esto es una locura y a nadie se le ocurre hacer algo así, sino tener salas especializadas en hospitales generales, con lo cual hace que sean internaciones breves, pocas camas en cada hospital general y de esa manera lo que hace es que la persona no pierda los vínculos. Que tenga el contacto con su familia y si tiene trabajo no perderlo, porque si está seis meses, un año, ocho años, veinte años o cuarenta años internado, como sucede inclusive con la ley actual, esto lo que hace es perder los vínculos”.

“Volver a la situación de encierro en lugares apartados lo que habla es de una lógica de manicomio, una lógica que hace 80 años que ya nadie piensa, que una persona con problemas de salud mental es un poseído por el demonio o que no tiene curación”.

“Cualquier persona está en condiciones de vivir en comunidad”.

Un retroceso en infraestructura en el Hospital Bonaparte

“Es un ejemplo de lo que marca la Ley Nacional de Salud Mental, porque es un hospital monovalente, lo que yo denomino manicomio que está en proceso de reforma, proceso en vías de adecuación a los parámetros, a los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental. La Ley Nacional de Salud Mental no dice que hay que cerrar nada, lo que dice es que hay que adecuar, entonces el Bonaparte nació como un hospital para internar personas con problemas de consumo, pero a partir de la Ley Nacional de Salud Mental con algunas direcciones que estaban en consonancia con la ley, se fue convirtiendo en un hospital que está en vías de dejar de internar  e incluir abordajes comunitarios, domiciliarios, hospital de día, es decir, muchísimos apoyos que las personas necesitan para no estar internadas”.

“El motivo por el que el gobierno quería cerrarlo porque había pocas internaciones. Esto, en lugar de verlo como un logro que achica la cantidad de internaciones y agranda la cantidad de dispositivos comunitarios”.

Posibilidades para evitar la reforma

“Desde hace 15 años que las amenazas vienen justamente desde el mismo momento en que la ley se proclamó porque toca intereses. Porque amplía derechos y siempre cuando hay una ley que defiende derechos, tenemos del otro lado esos sectores con intereses corporativos que aparecen”.

“Apenas se promulgó se inventó un montón de mitos que, lamentablemente en muchas personas de la sociedad fueron quedando. Desde aquel momento que venimos en universidades, en hospitales, en centros de salud y en los medios tratando de aclarar lo que la Ley Nacional de Salud Mental implica y lo que sería no tenerla”.

“Desde que circuló la idea de modificar la Ley lo que estamos haciendo es hablando con diputados y con Senadores, que son ellos en definitiva que tienen que votar la ley. El martes que viene hay una reunión de la Comisión de Salud y la Comisión de Legislación General, donde estamos invitados varios expositores, entre los que me encuentro, y que vamos a exponer para explicarle a los Senadores el riesgo que implicaría modificar esta ley”.

“Un riesgo para todos, no sólo para las personas que tienen padecimiento mental, sino que esta es una Ley que nos protege a toda la sociedad. Porque habla de padecimiento mental, no es sólo los trastornos como quieren hacer ahora con la reforma, sino que implica también, un duelo, un estado de desesperación, tristeza, una crisis familiar, una crisis de pareja, todo eso está contemplado hoy, bajo el término de padecimiento mental”.

“Si el gobierno logra modificar esto, cambiar padecimiento mental por trastorno, lo que haría, es que muchísimos habitantes de este país no tengamos derecho, ni en una prepaga, ni en una obra social, ni justamente también en el Estado, tener acceso”.

“Si se reforma esto de trastorno mental tendríamos que le digan, ‘no, usted no tiene un trastorno, no está dentro de las clasificaciones psiquiátricas, con lo cual vaya a buscarse un lugar privado’, por ejemplo”.

Coberturas en remedios y el libre acceso de los mismos.

“Primero tenemos que recordar que este gobierno hace muy poquito eliminó los programas remediales donde incluyen muchos psicofármacos. El proyecto directamente elimina el financiamiento a las provincias, el artículo actual dice que la obligación del Estado Nacional es la ‘cooperación económica y financiera con las provincias’ y lo que hace es tachar financiera y económica y deja cooperación con las provincias”.

“Cuando se le preguntó a la Directora Nacional qué significaba esto y por qué lo quita, dice ‘no lo quitamos, solamente lo sacamos, pero la cooperación, claro que implica también cooperación financiera’. Entonces los senadores le dijeron, ‘¿por qué no lo pone?’ lo dejaría el librado a que si quiere dar cooperación financiera se lo dé por ahí a algunos sí, y otros no”.

“Si figura en la ley, lo vamos a tener seguro que el Estado está obligado a darle cooperación financiera a las provincias. Esto en general es un proyecto escrito por las clínicas psiquiátricas, por las prepagas y sin tener en cuenta la realidad de cada provincia”.

Falta de psiquiatras

“Cambiar que en lugar de que las internaciones las firme dos profesionales del equipo interdisciplinario, acá lo que hace la Ley es obligar a que siempre firme un psiquiatra y si no hay un psiquiatra, un médico cualquiera. Esto, la verdad expone a los psiquiatras a juicios de mala praxis ya que no es solamente firmar una internación, lo que implica una internación voluntaria es la privación de la libertad de una persona, que por supuesto es totalmente legal si la persona está en riesgo, pero si no lo está el error de uno solo es mucho más fácil que un error en el equipo”.

“Es todo un gran mamarracho este proyecto que lo único que quiere es que las clínicas psiquiátricas internen todo lo que pueden y las prepagas desvincularse de la obligación de brindar asistencia, porque además quitan el listado de dispositivos básicos que necesita la Ley para implementarse”.