Patricia tambien es madre de una persona con discapacidad, “tratan de demonizar a toda la persona que cobra una atención por discapacidad, de ser sospechada permanentemente, de que si tenés una atención por discapacidad seguramente es trucha”.

“El proyecto de ley esperamos que el Poder Legislativo lo rechace de plano por muchas irregularidades que tiene, muchos temas anticonstitucionales. Tiene muchas facetas, y una de ellas, la que más nos afecta directamente a las personas con discapacidad si bien todas nos afectan, es esta de la discriminación y el prejuicio permanente, esa instalación del prejuicio permanente”.

Ya estaba presupuestado por este gobierno para este año una reducción casi a cero de presupuesto para el colectivo de la discapacidad. “Viene a cortar derechos por distintos lados. Por el lado económico, ya había un recorte. En este momento el sistema está en colapso, Incluir Salud no paga desde noviembre del año pasado. PAMI está demorado en los pagos, siempre la cadena de pagos ha sido como a 90 días. El profesional factura, la institución factura, después como a los 90 días recién cobra, pero ahora se cortó esa cadena de pago”.

“Además las actualizaciones se han comido una parte importante de lo perdido por inflación el año pasado y el anterior. Hay instituciones que están al borde del cierre. Este proyecto de ley viene a simular que va a ser un ajuste trimestral, pero en un momento dice que va a hacerlo de acuerdo a los recursos disponibles”.

La eliminación de un ‘nomenclador mínimo único’ para todo el mundo.

“En este momento era de lo más virtuoso que tenía el sistema, porque estableció un criterio de equidad. Tenían los mismos derechos porque había un nomenclador mínimo que estipulaba que los prestadores te tomaban con ese reintegro del sistema único de prestaciones. Ahora eso se deja librado como una especie de negociación uno a uno, por lo cual eso se va a fracturar totalmente”.

“Realmente hay un incumplimiento por parte del Ejecutivo de todo lo que es legal y constitucional. Y hay una indiferencia ante la interrelación de poderes, hay una falta de respeto al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Están pretendiendo Gobernar como se le ocurra, como si fuera una monarquía y no con tres poderes”.

Con este nuevo proyecto de ley, y Luego del antecedente con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la actual Secretaria Nacional de Discapacidad se encargaría de coordinar auditorias.

“ANDIS fue disuelto prácticamente después de haberse descubierto unas coimas donde una buena parte del dinero que debería haber ido para las organizaciones del Incluir Salud, que es lo que cubre a la gente más vulnerable que no tiene obra social, que no tiene prepaga y no tiene otra cobertura, se lo llevaban estas personas que tienen una causa judicial, pero que no han tenido ningún castigo político”.

“Antes, ANDIS era autárquica, ahora depende del Ministerio de Salud contraviniendo la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque la discapacidad es un problema social, no un problema de salud. Una persona con discapacidad puede tener un problema de salud, pero son dos cosas diferentes y tienen que tener dos abordajes diferentes, no puede depender del Ministerio de Salud, ahora depende”.