“Hay un sesgo que quiere generar una política de que las personas ‘desistan de hacer denuncias’. Esto es debido a un gran lobby de algunos estudios jurídicos que están generando y dando vueltas por la farándula y con el apoyo de algunas agrupaciones de varones que promueven este tipo de iniciativas que hay que ponerle nombre y apellido. Este proyecto fue presentado por Carolina Lozada y Lemoyne como una forma de negar una dualidad”.

“De la cantidad de femicidios que llevamos elevados a lo largo de todos estos años, solo un 25% tenían denuncias previas. Con lo cual queda demostrado que lo que está fallando, es la falta de acceso a justicia y a patrocinios jurídicos gratuitos, es una ley que no se está cumpliendo. Entonces vemos con mucha preocupación como algunas legisladoras se ocupan más de generar nuevas noticias para tapar otras cuestiones que tienen que ver con los incumplimientos que hay de las leyes en materia de violencia de género”.

“En los basamentos de este proyecto de ley, cuenta con la comisión que lo acaba de aprobar, que obviamente próximamente se transformará en un pleno del Senado para aprobarla o desaprobarla. La realidad es que lo que estamos viendo con estos temas y con este proyecto es que no está basado en ningún instrumento de análisis”.

“Para generar una política pública, una ley, primero tenés que hacer un diagnóstico, un cuadro de situación basado en estadísticas confiables, en estadísticas que tengan que ver con la realidad que padecen no sólo las mujeres, sino familias enteras que no encuentran manera de presentarse ante la justicia porque no tienen patrocinio y todas las trabas que hay, que tienen que ver con que se desalienten las denuncias. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, alentarla para poder prevenir, para que el Estado actúe y para que la justicia también actúe con una perspectiva integral de los derechos humanos”.

“Busca hacer desaparecer todas aquellas leyes que han sido admiradas por el resto del mundo”

“Ejemplo, la ley 26485 que define todos los tipos y modalidades de violencia, no solamente la violencia familiar, la ley de patrocinio jurídico gratuito, la ley Micaela que obliga a todos los funcionarios de los tres poderes a capacitarse en esta temática, la ley Brisa, que es la ley que le daba una asignación económica a hijos e hijas de víctimas de femicidios”.

“La realidad es que la situación es muy grave, el desfinanciamiento, la desarticulación, han dado de baja el plan Enia, que era el plan para el embarazo no intencional. Todo lo que ha sido admirado por políticas de la región, del mundo inclusive, la están tratando de destruir justamente en base a una ideología que desarma todos aquellos pactos y convenios internacionales que nuestro país ha firmado y que ha homologado”.

“Estamos en una situación de retroceso, pero seguiremos adelante en la lucha y veremos cómo seguir ayudando a las víctimas”.