En Argentina, entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2026, se registraron 43 víctimas de violencia de género, según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro. Detrás de estas cifras hay 45 hijas e hijos que quedaron sin madre, de los cuales el 47% son menores de edad, una dimensión del daño que suele quedar invisibilizada en el debate público.

Los datos vuelven a confirmar un patrón persistente: el 62% de los agresores eran parejas o exparejas y el 60% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor. Es decir, el lugar que debería ser de resguardo continúa siendo el espacio más peligroso para las mujeres en situación de violencia. En términos territoriales, la provincia de Buenos Aires encabeza los casos en números absolutos, seguida por Santa Fe, Tucumán y Mendoza, lo que evidencia que se trata de una problemática federal y estructural.

El informe también incorpora la variable de tentativa de femicidio, registrando 25 intentos en los primeros dos meses del año. La tentativa, contemplada en el Código Penal Argentino, implica que el delito fue iniciado con intención de matar, pero no se consumó por causas ajenas a la voluntad del agresor, y conlleva sanciones penales que pueden ir de 10 a 15 años cuando el delito previsto es punible con prisión perpetua. Visibilizar estos casos resulta fundamental: cada intento frustrado es una vida al borde del femicidio y un sistema que llegó tarde.

Desde el plano jurídico, el femicidio fue incorporado en 2012 como agravante del homicidio en el artículo 80 del Código Penal (Ley 26.791), reconociendo las muertes violentas de mujeres por razones de género como un fenómeno específico. Sin embargo, la existencia de la tipificación legal no alcanza si no se traduce en políticas públicas eficaces de prevención, asistencia y protección.

Los datos adicionales del informe son alarmantes: cinco víctimas habían realizado denuncias previas, tres femicidas tenían medidas cautelares de prevención, tres pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, cuatro víctimas presentaban indicios de abuso sexual y una estaba embarazada. A su vez, siete agresores se suicidaron luego del crimen, dos casos se dieron en contextos de narcocriminalidad y se registró un trans/travesticidio. Cada uno de estos elementos revela fallas estructurales en los mecanismos de protección y en la capacidad estatal de intervenir antes del desenlace fatal.

En este contexto, el gobierno de Javier Milei, lejos de fortalecer políticas de prevención y abordaje integral, ha adoptado un discurso que relativiza y directamente niega la violencia de género como problema estructural. Esta negación tiene consecuencias concretas cuando se desfinancian programas, se desarticulan políticas públicas y se vacían áreas estatales dedicadas a la atención y protección de víctimas.

Pero la responsabilidad no comienza ni termina en la actual gestión. Los distintos gobiernos que se antecedieron tampoco lograron construir políticas sostenidas y eficaces que reduzcan de manera estructural los femicidios. La diferencia es que, en el escenario actual, la negación discursiva del fenómeno agrava la vulnerabilidad de quienes atraviesan situaciones de violencia.

Las desigualdades sociales —señaladas en el informe como origen de las violencias— se profundizan en un contexto económico adverso, deteriorando las condiciones materiales de vida y dificultando que muchas mujeres puedan salir de relaciones violentas. Sin redes estatales sólidas, la denuncia previa, las medidas cautelares o los pedidos de ayuda terminan siendo insuficientes frente al riesgo extremo.

La violencia de género es una problemática de derechos humanos, no un dato estadístico ni un hecho aislado de inseguridad. Cada femicidio deja víctimas colaterales, familias devastadas y una sociedad que falla en proteger el derecho básico a vivir una vida libre de violencias.

Se vuelve imprescindible que las mujeres y las diversidades nos organicemos, fortalezcamos nuestras redes y sostengamos la lucha colectiva en cada espacio: en los barrios, en los trabajos, en las calles y en los lugares de estudio. La historia demuestra que cada derecho conquistado fue producto de la organización y no de concesiones desde arriba.