El conflicto se originó tras el Decreto N.º 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional detuvo la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión dejó en pausa fondos destinados tanto a los salarios como al funcionamiento básico de las instituciones de educación superior.
Desde la CONADUH explicaron que, aunque el Ejecutivo reconoció la deuda salarial, su suspensión impacta directamente en el bolsillo de los docentes, quienes debían percibir una actualización del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025. Los sindicatos denuncian además sueldos que quedan por debajo de la línea de pobreza, recomposiciones insuficientes y reformas que deterioran las condiciones laborales.
Entre los principales pedidos se destacan la aplicación plena de la Ley de Financiamiento, la convocatoria urgente a paritarias y un presupuesto 2026 acorde a la normativa vigente, elementos que consideran indispensables para garantizar la continuidad del sistema universitario.
Tanto CONADU Histórica como otras federaciones, entre ellas CONADU, expresaron preocupación por el futuro inmediato. Advirtieron que, sin recursos garantizados, el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse seriamente afectado, comprometiendo el funcionamiento de universidades y colegios preuniversitarios en todo el país.
La medida de fuerza se suma a una serie de reclamos que vienen profundizándose durante el año, en un contexto de creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional.
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