En la madrugada de este jueves, el presidente Javier Milei oficializó mediante decreto el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica. La iniciativa, aprobada por el Senado el 22 de agosto con 62 votos a favor y 8 en contra, contemplaba una recomposición salarial para el personal de salud, un aumento presupuestario y medidas específicas para garantizar la atención en el Hospital Garrahan, además de la derogación del nuevo sistema de residencias médicas.

La norma incluía doce artículos. El primero declaraba por un año la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales” ante la “grave situación” del sistema. Durante ese período, se otorgaba prioridad en la asignación de recursos a programas de salud infantil y adolescente. También se establecía como objetivo asegurar el funcionamiento de los hospitales pediátricos públicos, garantizar el acceso a prácticas de alta complejidad en todo el país sin importar la cobertura social y preservar la continuidad de las residencias médicas y la formación profesional.

Además, la ley preveía la asignación inmediata de fondos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y tecnologías. Incluía la exención del pago de ganancias para las horas extras, guardias y tareas críticas del personal de salud, así como la recomposición salarial para quienes atienden a niños. El artículo 3 aclaraba que esa mejora también alcanzaba a los residentes nacionales de todas las especialidades, con el compromiso de que sus ingresos no fueran inferiores, en términos reales, a los de noviembre de 2023.

¿Que argumentos tuvo el gobierno para vetarla? 

Distorsiones salariales: el Ejecutivo sostuvo que la norma pondría al personal pediátrico por encima del resto de los trabajadores del sistema de salud, generando desigualdades internas.
Impacto en las provincias: afirmaron que las actualizaciones salariales y presupuestarias no solo afectarían fondos nacionales, sino también a los gobiernos provinciales.
Exención del Impuesto a las Ganancias: objetaron que exceptuar guardias, horas extras y tareas críticas del pago de Ganancias representaría una pérdida de $115.030.000.000 millones para el Tesoro Nacional.
Riesgo fiscal: el Gobierno consideró que la aplicación de la ley “erosionaría la coparticipación federal” y pondría en jaque la estabilidad presupuestaria de Nación y provincias.
Costo elevado: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación demandaría $65.573 millones adicionales, dinero que debería reasignarse del presupuesto actual del Ministerio de Salud.