• Disoluciones de organismos, programas y regímenes: La eliminación de organismos tuvo por objeto la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado. Podemos detallar las disoluciones de: Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable; AFIP (hoy ARCA); Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC); Programa Nacional de Inversiones Turísticas; Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven; y la disolución de distintos regímenes de promoción de ganadería ovina y llamas, ganadería bovina de zonas áridas y producción algodonera.

• Disoluciones de fondos fiduciarios: Estas disoluciones avanzaron suprimiendo, fundamentalmente, importantes programas vinculados a viviendas y hábitat (como el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el Fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana) y de promoción tecnológica y científica. Incluso se eliminaron otros fondos como el Fondo Nacional de Emergencias (necesario frente a catástrofes como la de Bahía Blanca o el norte de la PBA en este 2025), el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar. Esta eliminación se produce a través de decretos delegados habilitados por las facultades otorgadas en la Ley Bases, y en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional). Por ende, estos decretos dispararon, además, serias dudas sobre el destino de los fondos existentes en cada uno de ellos al momento de su eliminación.

• Transformaciones y transferencias de organismos y bienes: Las medidas impulsadas en este segmento estuvieron atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria y al Sitio ESMA) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, Instituto de Asuntos Indígenas, entre otros), además de desregulaciones orientadas a eliminar controles y mecanismos de promoción de otros sectores particulares. También por decreto se transfirió el Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad, a contramano de lo definido por el Congreso (ley 27.759, posterior a la Ley Bases) donde expresamente se estableció su funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Justicia.

• Transformación de empresas públicas en S.A. o habilitación a privatizar: enmarcados en las empresas autorizadas a privatización de Ley Bases, se dispuso por decreto la transformación jurídica de Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A., Intercargo, ENARSA, Banco Nación (suspendida en sede judicial) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) transformada a Carboeléctrica Río Turbio S.A.

• Modificaciones de funciones y autoridades de organismos: se avanzó en la modificación de organismos de distinto tipo, tales como: la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, la Policía Federal (nuevo estatuto), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, e incluso la Comisión Nacional para los Refugiados.

• Modificaciones a distintos regímenes: también en este caso el avance se realiza sobre regímenes diversos, tales como: la supresión de las funciones de ANSES relativas a otorgamiento de créditos, la modificación de la ley de Argentores, o la eliminación del reconocimiento el derecho al acceso a la vivienda de aquellas personas en situación de calle y familias sin techo.

• Decretos de Necesidad y Urgencia. Para completar este análisis cabe citar el avance del ejecutivo en materia legislativa a través de DNUs (y no como decretos delegados). Siguiendo la línea del DNU 70/2023, el gobierno dictó otros DNUs que profundizaron la liberalización de sectores estratégicos mediante: Decreto 446/2025 (elimina regulación de precios en garrafas), Decreto 304/2024 (TICs y telefonía móvil), Decreto 338/2025 (desregulación aerocomercial), Decreto 340/2025 (desregulación de la marina mercante y limitación al derecho a huelga), Decreto 103/2025 y 397/2025 (facilita tenencia de armas semiautomáticas). Esto supone la retirada del Estado en la defensa del interés público, con impactos directos sobre consumidores, usuarios y trabajadores.

Privatizaciones:

• La reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación —total, parcial o mediante concesiones— de las siguientes firmas: Energía Argentina S.A. (ENARSA); Intercargo; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); Corredores Viales; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). A través de decretos citados previamente el gobierno fue habilitando el inicio del proceso de privatización en cada caso. Se dispuso asimismo el cierre de la empresa SOFSE.

• A través del decreto 416/25, se establecieron las condiciones para efectuar los procesos de venta, concesión o subasta, que se llevarán a cabo de manera digital mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR.

• La empresa IMPSA, por fuera de la Ley Bases dada la dependencia de la participación accionaria de la provincia de Mendoza, es el primer caso de privatización del gobierno de Milei. Fue concretada en febrero de 2025. La firma mendocina, dedicada a la fabricación de turbinas y soluciones energéticas, fue traspasada a la estadounidense ARC Energy. No es casualidad que esta empresa haya sido la compradora ya que fue precisamente ARC Energy quien contrató a IMPSA para la construcción de puentes grúa destinados a la Armada de Estados Unidos, en el marco de un contrato por el cual se adelantaron 120 millones de dólares.

• Más allá del conjunto inicial de firmas públicas sobre las que ya se activaron procesos formales enmarcados en Ley Bases, el Gobierno nacional dejó en evidencia que su intención es ampliar aún más el alcance del programa de privatizaciones aun si estas no tienen autorización del Congreso. En recientes declaraciones, el 2 de julio de 2025 en una conferencia en IAE Summit de Universidad Austral, el Ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que la estrategia de acumulación de reservas por parte del Tesoro estará asociada a cuatro mecanismos: 1) privatizaciones; 2) venta de activos (aquellos en manos de AABE); 3) concesiones (citando puntualmente a las hidroeléctricas) y 4) block trades, en caso de existir inversores grandes entrando al país. En medios de comunicación se precisó “en off” que las privatizaciones previstas refieren a NASA y AySA, ambas aprobadas por ley Bases, pero también incluyen Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación.

• Aerolíneas Argentinas: post aprobación de la Ley Bases se intentó su privatización con una ley especial del Congreso, iniciativa que quedó estancada luego del debate en comisiones en Diputados en octubre de 2024. Sin embargo, el Gobierno continuó promoviendo un vaciamiento progresivo, favoreciendo a las aerolíneas low cost en rutas rentables, sin garantizar la conectividad integral del territorio nacional. Se interrumpió la ruta a Reconquista, se eliminó el “Corredor Atlántico”, que conectaba Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia con Río Gallegos, tres veces por semana, se anunció la suspensión de los vuelos CórdobaTrelew, Rosario–Calafate, Rosario–Neuquén y Salta–Neuquén. También se amenazó con cerrar la ruta a Río Cuarto, lo cual finalmente no se concretó porque el municipio local ofreció un esquema de riesgo compartido, comprometiéndose a cubrir la diferencia económica si no se alcanzaba un mínimo de ocupación de los vuelos. A la fecha, en Aerolíneas Argentinas, ya se ejecutaron medidas de ajuste que incluyeron la reducción del personal en 1.780 puestos y el cierre de oficinas comerciales en distintos puntos del país y del exterior.

• Banco Nación: el 20 de febrero de 2025, el Gobierno fijó la conversión del Banco Nación a Sociedad Anónima en el Decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de preparar el terreno para su privatización posterior. Esta transformación fue suspendida en sede judicial, tras la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 5 de junio de 2025. Otros tres antecedentes desregulatorios muestran la intención de favorecer a entidades financieras privadas en detrimento del BNA: 1) Un antecedente clave de este proceso es el DNU 70/2023, que derogó la prohibición legal de privatizar el BNA establecida en 1999, que había sido aprobada con el acompañamiento de todos los bloques partidarios que “blindaron” al banco del proceso de privatización menemista; 2) A través del decreto 747/2024, el Gobierno eliminó en agosto la obligación de pagar los sueldos del personal de la administración pública a través del Banco Nación. También ordenó que se cancelen en el plazo de un año todos los convenios vigentes con esa entidad. Detrás de esta medida, lejos de haber un objetivo de eficiencia, se esconde una clara intención de debilitar al banco público y transferirles un negocio millonario a los bancos privados; 3) Con el nuevo estatuto -aprobado por Decreto 116/2025- el Directorio podría descapitalizar el Banco.

• Casa de la moneda: En noviembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes ubicada en la localidad de Don Torcuato. En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta fueron dispensadas. El martes 1 de julio de 2025, mediante el Decreto 442/2025, se dispuso el traspaso de personal, bienes y funciones desde el organismo encargado de imprimir billetes y monedas hacia otros entes estatales, como ARCA, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Arsat.

• Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF): en diciembre de 2024, el Gobierno dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal dedicada a la capacitación del personal ferroviario y a resguardar la historia de los ferrocarriles en el país.

• Correo Argentino: Como primer paso, se eliminaron las regulaciones que limitaban la competencia en el mercado de paquetería y encomiendas. A partir de esta apertura, el Ejecutivo anticipó que buscará avanzar con su transferencia al sector privado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó los escenarios posibles para la empresa: “Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados, cualquiera de las formas en las que pueda hacerse”.

• Represas del Comahue: El ministro de Economía, anticipó el martes 10 de junio, que el Ejecutivo espera recibir entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación del paquete accionario de estas centrales, cuya concesión vigente desde la década del 90 vence en agosto de este año. Las represas involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, distribuidas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Según lo anunciado, el Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para avanzar con su privatización, en lo que constituiría una nueva transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones:

• De los 5 proyectos aprobados (de un total de 14), 4 de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen, a saber: Parque Solar El Quemado y Anexos, Vaca Muerta Oleoducto Sur, Rincón y Sidersa. Y el quinto, Licuefacción de Gas Natural por parte de PAE y otros, viene a reemplazar la retirada de PETRONAS, también proyecto que estaba en carpeta.

• En lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI. Del total de USD 16.514 millones que implican los 14 proyectos presentados hasta el momento, YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones. Esto representa el 58% del monto total previsto.

• A pesar de otorgar concesiones extraordinarias (y superadoras a la ley de GNL propuesta por el gobierno anterior), el gobierno perdió la principal inversión en cabeza de PETRONAS de Malasia para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica.

• Las inversiones de magnitud prometidas en materia de IED no sólo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario del BCRA al mes de mayo 2025 es negativo en USD -1.500 millones desde la asunción del Milei, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización del BCRA.

• La potencial liquidación de dólares es débil: los 5 proyectos aprobados significan según el informe 143 de Jefatura de Gabinete, una inversión de USD 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025). Tener presente, además, que al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real.

• En materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también deficiente: los 5 proyectos anunciados estos implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Incluso los 14 proyectos presentados estiman la creación de apenas 23.872 puestos de trabajo (directos e indirectos), una cifra que representa solo el 20,7% de los empleos privados perdidos desde noviembre de 2023.

En materia tributaria:

• La reforma del Impuesto a los Bienes Personales representó un nuevo retroceso en la progresividad del sistema tributario argentino. Al reducir las alícuotas más altas (de 1,75% a 0,25% en 2027) y mantener inalteradas las más bajas, se benefició de manera desproporcionada a los patrimonios de mayor volumen, aplanando la pirámide tributaria.

• La creación de un régimen de pago anticipado con alícuotas preferenciales, consolidó un esquema fiscal que premia a los grandes contribuyentes con capacidad de adelantar pagos o con activos previamente no declarados. Además, el mantenimiento de estos beneficios hasta 2038 profundiza esa ventaja.

• La eliminación del diferencial de alícuotas entre bienes en el país y en el exterior suprimió un instrumento clave para fomentar la repatriación de activos.

• Mientras que entre enero y diciembre de 2023 la participación del impuesto a los Bienes Personales en relación al total de recursos tributarios se mantuvo relativamente estable en torno al 2,2%, a partir de enero de 2024 comienza una caída sostenida que alcanza un mínimo del 1,4% en julio y agosto de 2024.

• Aunque hay una leve recuperación hacia el segundo semestre de 2024 producto de la recaudación por el régimen especial de pago anticipado, la incidencia vuelve a estabilizarse por debajo del 1,8% a partir de enero de 2025, lejos de los niveles de 2023.

En materia laboral:

• La extensión del período de prueba y la creación de nuevas figuras contractuales como el “colaborador” habilitaron un modelo de contratación más precario, con menor protección para los trabajadores. Sin embargo, lejos de fomentar el empleo registrado, el mercado laboral formal se contrajo, con una pérdida de 115.353 puestos registrados del sector privado desde noviembre de 2023 a marzo de 2025.

• El blanqueo laboral fracasó en sus objetivos: solo se registraron 7.660 trabajadores, pese a los amplios beneficios otorgados a empleadores.

• El crecimiento de monotributistas (74.997 nuevos inscriptos entre noviembre de 2023 y marzo de 2025) no refleja una mejora genuina del empleo, sino una estrategia de subsistencia ante la pérdida de trabajo formal.

• El empleo asalariado registrado en el sector público se redujo, como parte de una política de desarticulación del Estado, en 58.210 puestos. La reducción se dio en el marco del ajuste fiscal y fue facilitada por la reforma laboral, que habilitó el pase a disponibilidad por 12 meses y luego el despido de trabajadores estatales.

• La tasa de informalidad laboral aumentó 0,8 puntos porcentuales entre el 4° trimestre de 2023 y el 4° trimestre de 2024, alcanzando el 42% en los aglomerados urbanos. Este incremento se da en contraposición al discurso oficial que sostiene que la flexibilización del mercado laboral permitiría aumentar la formalidad. En los hechos, ocurrió lo contrario.

• La implementación de los fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional representa un claro retroceso en materia de derechos laborales. Bajo un diseño mucho más laxo que el régimen de la construcción, sin garantías mínimas ni obligación de equivalencia con el esquema vigente, este nuevo modelo traslada el riesgo del despido a los propios trabajadores, cuya compensación queda atada al rendimiento de instrumentos financieros.