¡Instala nuestra app!
Disfruta de una mejor experiencia en tu dispositivo.
Disfruta de una mejor experiencia en tu dispositivo.
La quinta Marcha Federal Universitaria exigió aplicar el financiamiento aprobado por el Congreso. Comodoro acompañó con una movilización desde Kilómetro 4 hasta la Plaza San Martín, mientras en Diputados fracasaba la sesión para rechazar el DNU 70/2023.
La
quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en las calles una exigencia
elemental: que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento
Universitario. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas se
movilizaron este jueves 15 de octubre junto con sindicatos y organizaciones
sociales. El reclamo comprende salarios, becas y condiciones para sostener la
enseñanza y la investigación. También plantea una cuestión institucional: qué
valor tiene una ley cuando el Ejecutivo demora su aplicación.
Los
números permiten dimensionar el conflicto. Según el relevamiento de Chequeado,
el presupuesto universitario de 2026 se ubica un 25,3% por debajo de 2023 en términos
reales. Los salarios docentes perdieron un 24,2% de poder adquisitivo
respecto de noviembre de aquel año. Para cumplir la recomposición prevista por
la ley, el Gobierno debería sumar un aumento del 32% sobre los haberes de
septiembre. La diferencia entre las partidas nominales y su capacidad de compra
explica por qué anunciar incrementos resulta insuficiente.
En
Comodoro Rivadavia, la protesta tuvo una expresión territorial concreta. La
columna salió de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en
Kilómetro 4, recorrió la Ruta Nacional 3 y llegó a la Plaza San Martín. La
convocatoria colmó la plaza y sus inmediaciones, con participación de la
comunidad universitaria, gremios, familias y vecinos. No se dispone de una
cifra verificada de asistentes.
La
postal mostró qué significa el desfinanciamiento en la vida cotidiana.
Estudiantes expresaron dificultades para afrontar alimentación y materiales, y
preocupación por la continuidad del alojamiento universitario.
Por
su parte, la vicerrectora Adriana Pajares reclamó el cumplimiento de la ley;
representantes de ADU y APUNP señalaron las consecuencias sobre salarios, becas
y funcionamiento. En la Patagonia, sostener estas condiciones permite que
estudiar lejos de los grandes centros urbanos siga siendo una posibilidad
efectiva.
Mientras
tanto, dentro del Congreso, la oposición reunió 121 diputados de los 129 necesarios para
abrir la sesión destinada a tratar el rechazo del DNU 70/2023. La falta de
quórum impidió debatirlo. Fue una victoria política del oficialismo conseguida
mediante el bloqueo de la sesión, sin una votación sobre el contenido del
decreto. Aunque ese temario era distinto del reclamo universitario, ambas
escenas expusieron la disputa por los límites y las responsabilidades del
poder.
En
las inmediaciones del Congreso hubo enfrentamientos y un operativo policial
con gases y camiones hidrantes. Distintas coberturas informaron 31 detenidos y precisaron que los disturbios ocurrían a cierta distancia del escenario y
no involucraban al conjunto de la movilización: una distinción necesaria para
evitar que los incidentes borren el reclamo que convocó a miles.
El
conflicto obliga a discutir qué futuro se financia. Una universidad abierta
necesita trabajadores que puedan vivir de su salario y estudiantes con
condiciones para permanecer. Cuando esos recursos se deterioran, la desigualdad
selecciona quién puede continuar. La movilización de Comodoro recordó, además,
que la educación pública sostiene capacidades profesionales y científicas
indispensables para la región. Exigir su financiamiento es disputar las
condiciones materiales del derecho a estudiar.
7.png)
El médico sanitarista dialogó con La Constructora Radio y denunció que el programa que cubría al 30% de la población sin obra social ya quedó reducido a seis fármacos y será eliminado a fin de año. Advirtió que el recorte afectará a hipertensos, diabéticos y pacientes de alto costo, y que el sistema privado también está quebrando porque las obras sociales no pagan a tiempo. También alertó por la transferencia "oculta" del PAMI a las provincias.
En su día internacional, el Poder Judicial provincial presentó una campaña audiovisual que aborda las desigualdades de género desde las experiencias de las propias protagonistas. “Cuidar y amar no significa aguantar” es el mensaje central.
2.png)
El papá de Micaela dialogó con La Constructora Radio y explicó que la Corte Suprema ordenó anular la sentencia que beneficiaba a Néstor Pabón, quien fue condenado a cinco años por encubrimiento pero recuperó la libertad condicional. La familia busca que se lo condene por violación y femicidio, ya que sostienen que hay pruebas de que participó del hecho. El juicio se extenderá por varias jornadas y podría verse afectado por el feriado del 9 de octubre.
3.png)
El referente del Foro Permanente de Discapacidad dialogó con La Constructora Radio en la plaza de los dos Congresos y pidió que se genere quórum para prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre. Denunció que la ANDIS fue noticia por corrupción y no por ejecutar programas, y advirtió que sin las prestaciones y medicamentos "el tiempo es vida" para las personas con discapacidad.
1.png)
Mauro Millán denunció que el Municipio de Esquel busca instalar un crematorio sin consulta a la comunidad Nahuel Pan. Además, advirtió ya padecen la contaminación de las napas por el basurero a cielo abierto y que los concejales les iniciaron una causa por reclamar.