Los nuevos fondos operarán como vehículos de inversión que acumularán aportes realizados por empleadores y, en algunos casos, trabajadores. Estos recursos se gestionarán de manera transparente y estarán destinados exclusivamente a cubrir beneficios en caso de desvinculación laboral.

Fondos Comunes de Inversión (FCI):

Los FCI emitirán cuotapartes que representarán los aportes de empleadores y trabajadores. Estas no podrán ser suscriptas ni rescatadas por terceros, garantizando que los fondos permanezcan dentro del sistema. Las sociedades depositarias llevarán un registro detallado de subcuentas para asegurar la trazabilidad de cada aporte. Además, los FCI estarán sujetos a estrictas reglas de inversión: no podrán adquirir activos emitidos por los empleadores aportantes y deberán limitar la concentración sectorial al 30% del patrimonio. Los trabajadores podrán disponer libremente de sus cuotapartes al momento de la desvinculación, pero no realizarán nuevas suscripciones.

Fideicomisos Financieros:

Estos instrumentos emitirán certificados de participación y podrán incorporar fiduciantes durante su vigencia. Los contratos de fideicomiso detallarán los mecanismos de pago al trabajador, la política de inversión, los criterios de liquidez y los procedimientos en caso de cese laboral. No será necesario presentar un prospecto ante la CNV, pero sí publicar información relevante en la Autopista de la Información Financiera. Los trabajadores recibirán información mensual sobre el estado de sus aportes, y los fideicomisos estarán exentos de obligaciones de colocación primaria o listado en mercados.

El aspecto central de esta reforma es que los fondos de cese laboral no serán de aplicación automática. Su implementación en cada actividad económica requerirá negociaciones entre sindicatos y empresarios, que deberán plasmarse en convenios colectivos. Este mecanismo busca garantizar que las condiciones de los fondos sean adaptadas a las particularidades de cada sector, promoviendo un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y los empleadores.

La CNV será la autoridad encargada de supervisar estos instrumentos, verificando que las entidades gestoras cumplan con políticas de inversión adecuadas y protejan el patrimonio de los trabajadores. La norma establece límites para evitar conflictos de interés, como la prohibición de invertir en activos relacionados con los empleadores aportantes. Además, se contemplan mecanismos de notificación fehaciente para que los trabajadores accedan a sus beneficios al momento del cese laboral.

En el caso de los fideicomisos, se permite la creación de comités o asesores de inversión, siempre que no tengan vínculos sindicales y sus costos sean razonables, reforzando la transparencia en la gestión.