Luego de nueve días de vigilia frente a la Subsecretaría de Trabajo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) recibió una notificación para participar de una convocatoria a paritarias salariales prevista para el próximo 11 de diciembre. No obstante, el gremio mantiene otros reclamos pendientes y analizará en asamblea cómo continuará la medida.
En diálogo con Pulso de Radio, Verónica Rosales, secretaria general de ATE, confirmó que la notificación llegó el día anterior y que era uno de los principales pedidos de los trabajadores. La dirigente explicó que se encuentran en asamblea permanente y que definirían los pasos a seguir luego de informar la novedad a los presentes.
Sin embargo, remarcó que todavía no hubo soluciones para otras situaciones que consideran prioritarias. Entre ellas, mencionó el caso de dos trabajadoras que llevan dos meses sin percibir sus salarios luego de que les denegaran las licencias que, según indicó, anteriormente les venían autorizando.
También se refirió a un trabajador del área de Hidrocarburos que fue sumariado por realizar una asamblea y recibió una sanción de 90 días, durante los cuales pierde el fondo estímulo que forma parte de sus ingresos. Desde el gremio reclaman que pueda regresar a su puesto de trabajo mientras continúa el proceso administrativo.
Otro de los planteos está relacionado con trabajadores contratados bajo la modalidad de monotributo que, según Rosales, habían sido incluidos en un decreto de pase a planta que luego fue dado de baja. ATE solicita que se avance con una nueva disposición para concretar su incorporación.
La dirigente sostuvo que la falta de pago de salarios es uno de los puntos que más preocupa al sindicato. Por ese motivo, explicó que, si no se obtiene una respuesta, podrían avanzar por la vía legal para reclamar por la situación de los trabajadores afectados.
Respecto del diálogo con el Gobierno provincial, Rosales señaló que no hubo nuevos contactos desde el llamado que recibió el viernes anterior por parte de Arbeletche, quien le había manifestado la intención de acercar posiciones y abrir una instancia de diálogo.
Por otra parte, se refirió a las declaraciones del gobernador, quien había señalado que las denuncias penales continuarían pese a las medidas de fuerza. Rosales cuestionó que se los haya tratado de delincuentes y aclaró que el sindicato no está solicitando que se retiren las denuncias ni que se anulen los sumarios.
“Nosotros no estamos pidiendo que se nos saque la sanción, o sea, ni lo penal ni a los compañeros que están sumariados”, explicó. En ese sentido, insistió en que el reclamo apunta a que los trabajadores puedan volver a sus puestos mientras continúan las investigaciones correspondientes.
“Estamos pidiendo que los dejen volver a trabajar porque hay mucha gente en la provincia sumariada que está en su lugar de trabajo”, concluyó.
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