La reforma fue presentada por el Gobierno nacional principalmente desde la perspectiva de la seguridad. La entrada en vigencia de la Ley 27.801 representa uno de los cambios más profundos del sistema penal juvenil de las últimas décadas: la edad mínima de punibilidad baja de los 16 a los 14 años y el régimen alcanza hasta quienes aún no cumplieron 18.  Al celebrar su sanción, la Oficina del presidente utilizó una fórmula políticamente contundente: “Delito de adulto, pena de adulto”. Sin embargo, el texto que finalmente aprobó el Congreso es bastante más complejo que ese eslogan.

La propia ley establece que la privación de libertad debe realizarse dentro de un sistema especializado. Prohíbe prisión y reclusión perpetuas, fija un máximo de 15 años, contempla sanciones alternativas —servicios comunitarios, reparación del daño, restricciones y monitoreo electrónico— y determina que la detención debe orientarse a la educación, la formación, la resocialización y la reinserción. Los adolescentes tampoco pueden permanecer junto a detenidos adultos.

Es precisamente allí donde el debate nacional se cruza con la realidad de Chubut.

Qué dicen los números en Chubut

El Ministerio Público Fiscal provincial publicó para 2025 un registro de 544 casos por delitos con menores de 16 años denunciados o imputados en toda la provincia. Es importante precisar qué significa el número: no son 544 adolescentes condenados, ni siquiera necesariamente 544 personas diferentes. Son casos ingresados al sistema judicial en los que aparecen menores de 16 años denunciados o imputados.

Comodoro Rivadavia concentra 166 de esos registros, aproximadamente el 30,5% del total provincial. El informe oficial identifica 43 casos correspondientes a delitos contra la propiedad, 41 contra las personas, 35 contra la libertad y 20 contra la integridad sexual. Dentro de los 41 registrados como delitos contra las personas, por ejemplo, 29 corresponden a lesiones leves.

Estos datos permiten introducir una discusión necesaria. La existencia de delitos cometidos por adolescentes es un problema que requiere una respuesta estatal y las víctimas tienen derecho a obtenerla. No obstante, las estadísticas tampoco permiten afirmar que el delito juvenil explique por sí mismo la problemática general de inseguridad.

A nivel nacional incluso persiste una dificultad adicional: todavía no existe una fotografía estadística completa y actualizada de 2025 para todo el país. La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema informó el pasado 28 de agosto que continuaba elaborando el Mapa Estadístico Penal Juvenil 2025 y que había recibido información de 20 de las 24 jurisdicciones.

La reforma comenzó a regir, entonces, mientras todavía se está completando parte de la evidencia nacional que permitiría dimensionar el fenómeno.

Comodoro: ley nueva, problema viejo

El desafío más visible aparece en la infraestructura.

La Ley 27.801 es terminante: cuando corresponda privar de libertad a un adolescente debe ser alojado en un instituto adecuado de detención, con personal especializado, separado de los adultos y con asistencia médica y psicológica específica.

Pero Comodoro Rivadavia no cuenta hoy con un COSE para privación de libertad juvenil.

Esto ni siquiera es un problema surgido con la nueva ley. En marzo de este año, el Colegio de Jueces de Comodoro había solicitado a los gobiernos municipal y provincial un establecimiento para alojar adolescentes involucrados en delitos graves. La ciudad carece de ese recurso, cuando se requiere una medida de coerción, una de las alternativas ha sido el traslado al Centro de Orientación Socioeducativa de Trelew.

La estructura administrativa de la Provincia identifica actualmente centros de orientación socioeducativa (COSE) destinados a medidas de privación de libertad en Trelew y Esquel, no en Comodoro.

Apenas cuatro días antes de que comenzara a regir la reforma, el propio defensor general de Chubut, Sebastián Daroca (en declaraciones a LU20 Radio Chubut) reconoció que los centros existentes necesitan mejoras y planteó la necesidad de analizar la construcción de establecimientos en lugares donde no existen, mencionando expresamente a Comodoro Rivadavia. Su definición sintetizó el problema: “las leyes sin presupuesto son demagogia”.

Y existe otra paradoja. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura inspeccionó durante marzo la Casa del Niño, el Anexo Adolescente y una Vivienda Asistida de Comodoro, además de comisarías y la Alcaidía. Es decir, existen dispositivos destinados a la protección y asistencia de adolescentes, pero no son equivalentes a un establecimiento penal juvenil especializado como el que exige la nueva normativa.

¿Bajar la edad alcanza?

La pregunta crítica, entonces, no debería reducirse a estar a favor o en contra de que un adolescente de 14 años responda penalmente.

La verdadera prueba comienza ahora.

La ley exige jueces y operadores especializados, supervisores capaces de mantener entrevistas semanales, informes mensuales, programas educativos, asistencia psicológica, tratamientos de adicciones, mecanismos de reinserción y establecimientos adecuados.

Incluso destina para su primer año de implementación $23.739 millones, aunque buena parte de esos recursos corresponden a organismos nacionales y la propia norma prevé convenios con las provincias para afrontar traslados, alojamiento y funcionamiento del sistema.

Bajar una edad en el Código es relativamente sencillo. Construir un sistema capaz de evitar que un adolescente vuelva a delinquir es bastante más difícil.

Desde hoy, el Estado amplía su capacidad para castigar a chicos de 14 y 15 años. La pregunta que Comodoro deja planteada es si amplió con la misma velocidad su capacidad para educarlos, acompañarlos, responsabilizarlos y reinsertarlos.

Porque si la respuesta estatal termina siendo sólo sumar adolescentes al sistema penal mientras faltan instituciones, profesionales y dispositivos especializados, la reforma habrá cambiado la edad de imputabilidad, pero no necesariamente las condiciones que llevan a muchos jóvenes hasta el delito.