Una comparación que no busca desmerecer la tarea en fábricas, pero que deja en evidencia una distorsión: mientras en tierra se cumplen jornadas delimitadas, el personal embarcado trabaja bajo un régimen de 24 horas los siete días de la semana durante toda la marea.

A esta desigualdad se suma una problemática aún más delicada: los tiempos de pago. En numerosos casos, los haberes derivados de las mareas no se abonan dentro de los plazos establecidos por convenio. La situación se agrava especialmente entre los trabajadores “relevos”, que representan cerca del 70% de la dotación en la flota.

Bajo esta modalidad, muchos tripulantes cobran recién después de formalizar su desvinculación, en algunos casos hasta 30 días posteriores al fin de la relación laboral. Un mecanismo que contradice los plazos habituales, donde los pagos deberían efectivizarse dentro de las 72 horas.

La pesca sigue siendo una actividad estratégica para la economía argentina, pero su sostenibilidad no puede medirse únicamente en toneladas capturadas o divisas generadas. El verdadero equilibrio del sector depende de garantizar condiciones dignas para quienes sostienen la actividad en el mar.

El trabajador embarcado —que pasa semanas en el mar, en condiciones exigentes— ve cómo su esfuerzo pierde valor frente a la economía cotidiana. El impacto no es solo individual. La pesca es una actividad intensiva en empleo, con fuerte presencia en ciudades como Mar del Plata, Puerto Madryn o Deseado. En algunos segmentos, como el variado costero, concentra hasta el 20% del empleo embarcado del país , lo que amplifica cualquier deterioro salarial en el tejido social de estas comunidades.

La pesca puede mostrar buenos números en toneladas o exportaciones, el verdadero termómetro del sector está en quienes sostienen la producción día a día. Y hoy, ese termómetro marca una señal de alerta: los trabajadores no pueden seguir siendo la variable de ajuste en una cadena que depende, en primer lugar, de su esfuerzo.