El origen de la causa

La investigación surgió a partir de los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En 2018, el periodista Diego Cabot, de La Nación, accedió a estos cuadernos y entregó el material a la Justicia. El contenido se hizo público el 1 de agosto de ese año, cuando ya estaban en marcha allanamientos y detenciones ordenados por el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Los registros detallaban los supuestos movimientos de Baratta y otros funcionarios, quienes trasladaban bolsos con dinero provenientes de empresarios hacia despachos o domicilios oficiales.

¿Quiénes están acusados?

Entre los 22 exfuncionarios imputados figuran:

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta.

Julio De Vido, exministro de Planificación.

Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación.

Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, exsecretarios de Transporte.

José López, exsecretario de Obras Públicas.

Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete.

Otros exsecretarios, asesores y choferes, incluido el propio Oscar Centeno.

Entre los 65 empresarios involucrados se encuentran algunos de los principales nombres del sector de la construcción y de empresas contratistas del Estado: Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Gabriel Romero, Carlos Wagner, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, Rudy Ulloa, entre otros.

Los cargos

Se investiga la existencia de una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015, mediante la cual empresarios realizaban pagos ilegales a funcionarios a cambio de mantener contratos con el Estado.
Cristina Fernández está acusada de ser jefa de la asociación ilícita y coautora de cohecho. Hoy cumple una condena firme de 6 años de prisión domiciliaria por la Causa Vialidad.

De Vido, Baratta, Jaime, Wagner y el financista Ernesto Clarens están imputados como organizadores de la asociación.

El resto de los funcionarios, por cohecho pasivo (recibir sobornos).

Los empresarios, por cohecho activo (pagar sobornos).

Las penas por asociación ilícita van de 3 a 10 años de prisión, o un mínimo de 5 años para jefes u organizadores. El cohecho se castiga con 1 a 6 años de cárcel.

Los arrepentidos

Según la fiscal del juicio, Fabiana León, un total de 21 imputados firmaron acuerdos de colaboración bajo la Ley del Arrepentido. Entre ellos: Centeno, Claudio Uberti, José López, Clarens, Wagner, Calcaterra, Roggio, Enrique Pescarmona, entre otros.

Estos acuerdos les permiten acceder a beneficios procesales a cambio de brindar información relevante sobre los hechos investigados.

Las propuestas rechazadas

En septiembre, las defensas de 51 acusados presentaron solicitudes de “reparación integral”, un mecanismo que permite terminar un proceso penal sin condena mediante la reparación del daño causado.

Sin embargo, tanto la fiscal León como el Tribunal Oral Federal N°7 —integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— rechazaron estas propuestas, por lo que el proceso continuará su curso.