El Gobierno dispuso la creación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), por el que se reemplaza al ya disuelto Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, con el propósito de establecer un esquema “más transparente, competitivo y con mayor protección para el Estado” que apuntará a la supresión de la popularmente denominada “patria contratista”.
Así lo dispuso el presidente Javier Milei mediante el decreto 206/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el que “empieza a desgajarse el club de la obra pública que tuvo a los argentinos de rehén por 80 años”, según lo manifestado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La medida remite al decreto 105 del 17 de marzo pasado, que eliminó el Registro de Constructores o, en palabras de Sturzenegger, lo “extirpó” de la ley de Obras Públicas 13.064 de 1947.
Para el funcionario, ese registro “había sido el mecanismo por el cual la patria constructora se había repartido la obra pública sin arriesgar capital y haciendo que el Estado siempre pague el pato de la boda”, en tanto determinaba un mecanismo para “ponderar las obras” realizadas para el sector público.
De esa forma, comentó, “siempre ganaban los mismos, independientemente que mantuvieran a sus empresas con patrimonios exiguos, cosa de nunca asumir pasivos relevantes”, en un procedimiento que relacionó con el ex contratista Lázaro Baez.
“Si a eso le sumamos el concepto de capacidad constructiva que iba eliminando empresas a medida que se iban adjudicando las obras, teníamos un coctel ruinoso para los argentinos pero que era fiesta para la patria contratista”, completó.
Con el nuevo sistema de información, aseguró Sturzenegger, se comienza a “esbozar los elementos de un sistema más transparente, competitivo, y con mayor protección para el Estado”.
“Sus elementos constitutivos serán que se considerarán como antecedentes obras publicas y privadas, nacionales o internacionales, se elimina el concepto de capacidad constructiva y la capacidad de competir se podrá certificar también, no solo con obras, sino con patrimonio y/o garantías”, destacó, para agregar que se mantienen los pliegos gratuitos descargables online.
A diferencia del registro disuelto, el SICO abarcará a “las personas interesadas en participar en los procedimientos de contratación llevados a cabo por las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”, con una “recategorización de los cocontratantes para evitar exigir la inscripción en más de un sistema”.
En cuanto a los contratos de obra pública, la norma precisa que “se flexibilizará el mecanismo de inscripción, clasificación y calificación de las constructoras de obra pública con el fin de fomentar una mayor concurrencia de interesados y competencia entre oferentes y el ingreso de nuevos participantes locales y de empresas extranjeras”.
Desde Capital Federal, nuestro corresponsal Carlos Ojeda se contactó con Mariana Barrios, Delegada de ATE frente a la Casa de la Moneda realizando Radio Abierta, “seguimos denunciando el vaciamiento que se viene llevando desde el 2024 desde la asunción de Javier Milei”.
En exclusiva para ‘Pulso de Radio’, nuestro corresponsal Carlos Ojeda se puso en contacto con el Senador Carlos Linares, para tener un panorama político sobre las últimas semanas de gobierno y las medidas económicas que se han anunciado el fin de semana por la gestión de Javier Milei.
Estuvimos en comunicación con Raúl Durdos, Secretario General del SOMU, para conocer la actualidad del sector de los trabajadores marítimos y cómo se van a involucrar con esta medida de paro general para el próximo jueves. “Nosotros vamos a presentarle todas las luchas que podamos presentarle para que sigamos teniendo una Marina Mercante y un cabotaje nacional”.
Para ‘Pulso de Radio’, Carlos Ojeda se puso en comunicación con Gustavo Weiss quien es titular de la Cámara Argentina de la Construcción, para tener detalles de cómo ha sido para el sector de la construcción estos primeros 90 días del año, “una obra pública nacional mayoritariamente parada”.
El Dr. Alejo Ramos Padilla aclaró que esa medida que dictó anoche, luego de que la Cámara alta rechazara el pliego de García Mansilla, tiene vigencia por tres meses, luego de los cuales deberá dictar un fallo que resuelva si la continuidad del cortesano va a contramano de la Constitución Nacional.