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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recibió dos pedidos de intervención por los conflictos laborales vinculados con Conarpesa. Las organizaciones sindicales STIA, SOMU y SICONARA solicitaron una audiencia urgente entre las partes, mientras que la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) pidió una actuación del Ejecutivo que facilite una salida negociada.
Ambas
presentaciones tienen sello de recepción en Gobernación del 16 de octubre de
2026 y advierten, desde sus respectivas posiciones, sobre las consecuencias que
podría tener la continuidad de las diferencias para el empleo y el desarrollo
de la próxima temporada.
La nota conjunta
de los sindicatos está dirigida a Torres e incluye referencias a las
secretarías provinciales de Pesca y de Trabajo. Bajo el asunto “Conflicto
Agropez S.A. – Grupo Conarpesa”, las entidades solicitan una audiencia urgente
para tratar los distintos conflictos que mantienen con la firma.
En el escrito,
los gremios advierten que esas situaciones “ponen en serio riesgo el correcto
inicio de la temporada de pesca en aguas provinciales”.
La presentación
reúne a organizaciones que representan a trabajadores de plantas de
procesamiento, marineros (somu) y personal de máquinas de la flota(SICONARA)
Entre sus firmantes figura Luis Núñez, secretario general de STIA Chubut.
El documento no
detalla los reclamos específicos de cada sindicato. Su planteo central es la
necesidad de reunir a las partes para abordar las diferencias antes del
comienzo de la actividad.
Por su parte, el
presidente de CAPIP, Agustín de la Fuente, remitió una carta a Torres, fechada
el 14 de octubre, en la que solicitó la intervención de las áreas provinciales
competentes en la controversia entre Conarpesa S.A. y STIA.
La cámara
empresaria sostuvo que, si la situación no se atiende con rapidez, podría
superar el ámbito de la relación entre la empresa y el sindicato y afectar a
otras compañías, tanto en el segmento industrial como en la flota.
En ese sentido,
destacó la importancia de la pesca para el empleo directo e indirecto en Puerto
Madryn, Rawson y Trelew, y señaló que la incertidumbre puede alcanzar al
conjunto de la cadena productiva.
CAPIP pidió que
el Gobierno promueva instancias de diálogo para lograr una solución
consensuada, dentro del marco legal y de los convenios aplicables. También
planteó que la mediación provincial debe contribuir a acercar posiciones y
evitar una escalada.
La proximidad de
la temporada de langostino ocupa un lugar central en las presentaciones. Los
sindicatos reclaman una audiencia para tratar los conflictos pendientes,
mientras que CAPIP remarca que miles de trabajadores y sus familias esperan el
inicio de la actividad para organizar su economía.
La entidad
empresaria advirtió que una intervención tardía puede traducirse en jornadas de
trabajo perdidas, mayor incertidumbre y un deterioro de la confianza entre las
partes.
Aunque los
documentos expresan posiciones diferentes, coinciden en solicitar la
intervención del Gobierno provincial para abrir una instancia de negociación.
Las notas
consultadas acreditan esos pedidos, pero no contienen una respuesta del
Ejecutivo ni una convocatoria formal a audiencia. La presentación sindical
tampoco anuncia un paro o medidas de fuerza.
El planteo ante
Torres deja así una demanda concreta: que la Provincia convoque al diálogo y
contribuya a resolver los conflictos pendientes, con el trabajo y el desarrollo
de la temporada como principales preocupaciones.
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