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Frente a la escasez de infraestructura y la ausencia de personal especializado, autoridades judiciales, de la fiscalía y la cúpula policial acordaron pautas comunes para evitar que los menores permanezcan en comisarías y definir cómo se actuará ante las detenciones.
El jefe de fiscales, Cristian Olazábal, y la jueza Mariel Suárez encabezaron una reunión en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia con jefes de comisarías, defensores públicos penales y representantes de la Asesoría de Familia para establecer criterios uniformes ante la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (ley 27.801), que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
El encuentro abordó con especial énfasis la carencia actual de infraestructura adecuada y la necesidad de contar con personal técnico capacitado para la contención de menores en conflicto con la ley penal. "No contamos con las condiciones necesarias para mantener a menores en situación de detención. Establecimos parámetros de actuación comunes respecto de los conflictos con menores de 14 a 18 años", explicó Olazábal.
Falta de lugares de alojamiento y rechazo a la Comisaría de la Mujer
Durante la reunión, se analizaron posibles lugares de detención para menores. Desde la Asesoría de Familia se propuso la Comisaría de la Mujer y la Policía Comunitaria, pero desde la Unidad Regional se rechazó la Comisaría de la Mujer por la alta conflictividad de violencia familiar en Comodoro. "Era incompatible la permanencia de los menores ahí", señalaron.
Olazábal aclaró que los lugares de alojamiento para menores no dependen del Ministerio de Seguridad, sino de otra órbita del Poder Ejecutivo. "Se está pensando y trabajando en ese sentido", indicó.
Medidas alternativas: arresto domiciliario y controles telemáticos
Ante la falta de infraestructura, se acordó priorizar medidas alternativas a la detención, como el arresto domiciliario y los controles de detención telemáticos, especialmente para delitos de baja lesividad. "Con el primer caso que tuvimos, el juez dispuso que el menor sea trasladado al domicilio y que se celebre la audiencia de control al día siguiente", detalló Olazábal.
El jefe de fiscales explicó que estas medidas permiten dar celeridad al proceso y deslindar de responsabilidad al personal policial ante cualquier contingencia durante la permanencia del menor en una dependencia policial.
Capacitación insuficiente y desafíos de implementación
La jueza Mariel Suárez destacó que todos los funcionarios están recibiendo capacitaciones, pero advirtió que "con las capacitaciones no alcanza si no tenemos la infraestructura para alojar a estos jóvenes". "Algunas instrucciones y comentarios sobre la ley les dimos, pero creo que solamente con eso no alcanza. La buena voluntad no es suficiente. Necesitamos lugares, personal capacitado, infraestructura", enfatizó.
Suárez también subrayó la importancia de transmitir a la sociedad que punibilidad no es igual a castigo, especialmente en delitos de escasa lesividad. "Los menores son responsables a partir de los 14 años, pero hay que actuar con esa premisa. No hay una división de delitos, pero sí hay que evaluar cada caso en concreto", explicó.
"Punibilidad no es igual a castigo en todos los casos"
Durante la reunión, se subrayó la importancia de transmitir a la sociedad que punibilidad no es igual a castigo, especialmente en delitos de escasa lesividad. "Los menores son responsables a partir de los 14 años, pero hay que actuar con esa premisa. No hay una división de delitos, pero sí hay que evaluar cada caso en concreto", coincidieron las autoridades.
Olazábal y Suárez coincidieron en que el desafío es aplicar la ley con los recursos disponibles, mientras se espera la definición de infraestructura adecuada para el alojamiento de menores en conflicto con la ley penal.
La coordinadora del Registro Civil Móvil dialogó con La Constructora Radio y detalló las características del nuevo Documento Nacional de Identidad, que incorpora un chip en el plástico para evitar manejos ilegales. Chanampa aclaró que la renovación no es obligatoria hasta el vencimiento y precisó los valores: 10.000 pesos el trámite común y 26.000 el express. También confirmó que los registros móviles continúan recorriendo la provincia durante todo el año.
La secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular dialogó con La Constructora Radio y contó que la delegación argentina, encabezada por Alejandro Gramajo, mantuvo una audiencia con el Papa León XIV en el marco del encuentro Fratelli Tutti. El documento alerta sobre la destrucción del poder adquisitivo, la eliminación de políticas alimentarias, el endeudamiento familiar, el avance del prestamismo ilegal y el crecimiento histórico de la tasa de suicidio en los sectores populares. Duarte también expresó su esperanza por la visita del Papa a la Argentina en noviembre.
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El médico cirujano y docente de la Universidad Nacional de Córdoba dialogó con La Constructora Radio y denunció que el sector público está "muy poco preparado" para atender la salud mental, que la ley lleva 15 años sin aplicarse por falta de presupuesto y que el país debería incorporar al menos 500 centros ambulatorios. También alertó sobre el aumento de personas en situación de calle, el impacto de la portación de armas y la ausencia de campañas nacionales de prevención del suicidio.
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La presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA) dialogó con La Constructora Radio y anunció la presentación del primer libro de la asociación, que se realizará este jueves a las 18 horas en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto Madryn. Barbitta destacó que la obra recorre los diez primeros encuentros nacionales de AMPA y advirtió sobre el retroceso de las políticas de género en el contexto actual.
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El presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental dialogó con La Constructora Radio en el Día Mundial de Prevención del Suicidio y advirtió que el país llegó por primera vez a casi 12 suicidios cada 100.000 habitantes, superando la media mundial de 9 y las muertes por accidentes de tránsito. Trimboli cuestionó la ausencia de campañas oficiales, vinculó el aumento a las políticas económicas y sociales, y denunció el intento de modificar la Ley Nacional de Salud Mental con un proyecto "regresivo" que favorece a las clínicas psiquiátricas.