La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en las calles una exigencia elemental: que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas se movilizaron este jueves 15 de octubre junto con sindicatos y organizaciones sociales. El reclamo comprende salarios, becas y condiciones para sostener la enseñanza y la investigación. También plantea una cuestión institucional: qué valor tiene una ley cuando el Ejecutivo demora su aplicación.

Los números permiten dimensionar el conflicto. Según el relevamiento de Chequeado, el presupuesto universitario de 2026 se ubica un 25,3% por debajo de 2023 en términos reales. Los salarios docentes perdieron un 24,2% de poder adquisitivo respecto de noviembre de aquel año. Para cumplir la recomposición prevista por la ley, el Gobierno debería sumar un aumento del 32% sobre los haberes de septiembre. La diferencia entre las partidas nominales y su capacidad de compra explica por qué anunciar incrementos resulta insuficiente.

En Comodoro Rivadavia, la protesta tuvo una expresión territorial concreta. La columna salió de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Kilómetro 4, recorrió la Ruta Nacional 3 y llegó a la Plaza San Martín. La convocatoria colmó la plaza y sus inmediaciones, con participación de la comunidad universitaria, gremios, familias y vecinos. No se dispone de una cifra verificada de asistentes.

La postal mostró qué significa el desfinanciamiento en la vida cotidiana. Estudiantes expresaron dificultades para afrontar alimentación y materiales, y preocupación por la continuidad del alojamiento universitario.

Por su parte, la vicerrectora Adriana Pajares reclamó el cumplimiento de la ley; representantes de ADU y APUNP señalaron las consecuencias sobre salarios, becas y funcionamiento. En la Patagonia, sostener estas condiciones permite que estudiar lejos de los grandes centros urbanos siga siendo una posibilidad efectiva.

Mientras tanto, dentro del Congreso, la oposición reunió 121 diputados de los 129 necesarios para abrir la sesión destinada a tratar el rechazo del DNU 70/2023. La falta de quórum impidió debatirlo. Fue una victoria política del oficialismo conseguida mediante el bloqueo de la sesión, sin una votación sobre el contenido del decreto. Aunque ese temario era distinto del reclamo universitario, ambas escenas expusieron la disputa por los límites y las responsabilidades del poder.

En las inmediaciones del Congreso hubo enfrentamientos y un operativo policial con gases y camiones hidrantes. Distintas coberturas informaron 31 detenidos y precisaron que los disturbios ocurrían a cierta distancia del escenario y no involucraban al conjunto de la movilización: una distinción necesaria para evitar que los incidentes borren el reclamo que convocó a miles.

El conflicto obliga a discutir qué futuro se financia. Una universidad abierta necesita trabajadores que puedan vivir de su salario y estudiantes con condiciones para permanecer. Cuando esos recursos se deterioran, la desigualdad selecciona quién puede continuar. La movilización de Comodoro recordó, además, que la educación pública sostiene capacidades profesionales y científicas indispensables para la región. Exigir su financiamiento es disputar las condiciones materiales del derecho a estudiar.