El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó que Seros debe financiar el 100% de las terapias y del acompañamiento escolar de un niño de cuatro años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), mediante pagos directos a los profesionales.

Las indicaciones médicas señalaban que necesitaba fonoaudiología, terapia ocupacional, atención psicológica y un acompañante terapéutico para asistir al jardín de infantes. La obra social proponía que la familia afrontara los gastos y solicitara después la devolución. Ante esa dificultad económica, un juez ordenó garantizar las prestaciones sin recurrir al sistema de reintegros.

Seros apeló y cuestionó la exigencia de pagar entre el 1 y el 10 de cada mes, argumentando que los controles administrativos impedían cumplir ese calendario. El Superior Tribunal aceptó modificarlo: estableció 30 días corridos desde la presentación formal de las facturas, manteniendo la cobertura completa.

La jueza Silvia Bustos destacó que el derecho a la salud no puede quedar condicionado por trámites burocráticos ni por las fluctuaciones del mercado. Su voto recibió el acompañamiento de Ricardo Napolitani, Mario Vivas y Javier Raidan.

Antecedentes

La protección judicial de la atención integral tiene antecedentes en la provincia. En una resolución difundida el 18 de agosto de 2026, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó que Seros debía cubrir la totalidad de los cuidadores domiciliarios de una afiliada de 90 años con discapacidad, con límites sobre los montos. El organismo pretendía que PAMI asumiera la mitad del gasto

En el ámbito nacional, la Corte Suprema confirmó en 2007, con los alcances de su sentencia, una orden para que CEMIC brindara medicación, pañales y una silla de ruedas específica a un menor con discapacidad. El caso, conocido como “Cambiaso de Perés de Nealon”, constituye un antecedente sobre prestaciones obligatorias, aunque no abordó el mismo conflicto de reintegros planteado en Puerto Madryn.