El jefe de fiscales, Cristian Olazábal, y la jueza Mariel Suárez encabezaron una reunión en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia con jefes de comisarías, defensores públicos penales y representantes de la Asesoría de Familia para establecer criterios uniformes ante la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (ley 27.801), que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

El encuentro abordó con especial énfasis la carencia actual de infraestructura adecuada y la necesidad de contar con personal técnico capacitado para la contención de menores en conflicto con la ley penal. "No contamos con las condiciones necesarias para mantener a menores en situación de detención. Establecimos parámetros de actuación comunes respecto de los conflictos con menores de 14 a 18 años", explicó Olazábal.

Falta de lugares de alojamiento y rechazo a la Comisaría de la Mujer

Durante la reunión, se analizaron posibles lugares de detención para menores. Desde la Asesoría de Familia se propuso la Comisaría de la Mujer y la Policía Comunitaria, pero desde la Unidad Regional se rechazó la Comisaría de la Mujer por la alta conflictividad de violencia familiar en Comodoro. "Era incompatible la permanencia de los menores ahí", señalaron.

Olazábal aclaró que los lugares de alojamiento para menores no dependen del Ministerio de Seguridad, sino de otra órbita del Poder Ejecutivo. "Se está pensando y trabajando en ese sentido", indicó.

Medidas alternativas: arresto domiciliario y controles telemáticos

Ante la falta de infraestructura, se acordó priorizar medidas alternativas a la detención, como el arresto domiciliario y los controles de detención telemáticos, especialmente para delitos de baja lesividad. "Con el primer caso que tuvimos, el juez dispuso que el menor sea trasladado al domicilio y que se celebre la audiencia de control al día siguiente", detalló Olazábal.

El jefe de fiscales explicó que estas medidas permiten dar celeridad al proceso y deslindar de responsabilidad al personal policial ante cualquier contingencia durante la permanencia del menor en una dependencia policial.

Capacitación insuficiente y desafíos de implementación

La jueza Mariel Suárez destacó que todos los funcionarios están recibiendo capacitaciones, pero advirtió que "con las capacitaciones no alcanza si no tenemos la infraestructura para alojar a estos jóvenes". "Algunas instrucciones y comentarios sobre la ley les dimos, pero creo que solamente con eso no alcanza. La buena voluntad no es suficiente. Necesitamos lugares, personal capacitado, infraestructura", enfatizó.

Suárez también subrayó la importancia de transmitir a la sociedad que punibilidad no es igual a castigo, especialmente en delitos de escasa lesividad. "Los menores son responsables a partir de los 14 años, pero hay que actuar con esa premisa. No hay una división de delitos, pero sí hay que evaluar cada caso en concreto", explicó.

"Punibilidad no es igual a castigo en todos los casos"

Durante la reunión, se subrayó la importancia de transmitir a la sociedad que punibilidad no es igual a castigo, especialmente en delitos de escasa lesividad. "Los menores son responsables a partir de los 14 años, pero hay que actuar con esa premisa. No hay una división de delitos, pero sí hay que evaluar cada caso en concreto", coincidieron las autoridades.

Olazábal y Suárez coincidieron en que el desafío es aplicar la ley con los recursos disponibles, mientras se espera la definición de infraestructura adecuada para el alojamiento de menores en conflicto con la ley penal.