La iniciativa, impulsada por el bloque PICH que encabeza Omar Lattanzio, sostiene que el municipio tiene una “obligación indelegable” de proteger a la ciudadanía. En ese sentido, se apoya en el artículo 44 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que la seguridad pública es un deber irrenunciable del Estado local, incluyendo la planificación y ejecución de acciones para la protección de los habitantes. Según los fundamentos del proyecto, la presencia de personas realizando tareas informales como la limpieza de parabrisas o el cuidado de autos en zonas de alto tránsito representa “un riesgo grave e inminente” tanto para conductores como para quienes llevan adelante estas actividades.

 Además, se advierte que se han registrado accidentes viales fatales vinculados a estas prácticas, lo que refuerza la necesidad de una intervención estatal preventiva. Otro de los puntos señalados es el impacto social de estas actividades. El texto menciona que en muchos casos generan situaciones de intimidación o “coacción implícita” hacia los conductores para obtener dinero, afectando la tranquilidad y el uso normal del espacio público.

La ordenanza también remarca que la inacción del Estado frente a esta problemática podría derivar en responsabilidades legales, que terminarían siendo afrontadas por toda la comunidad. Por ello, se plantea una intervención “clara, categórica y disuasiva”. En cuanto a su aplicación, la normativa establece la prohibición de:

- Limpiar parabrisas, vidrios o cualquier parte de vehículos en la vía pública.
- Permanecer en calzadas, semáforos o rotondas con fines de solicitar dinero por estas tareas.
- Realizar el cuidado o reserva informal de vehículos. Asimismo, se prohíbe la permanencia de personas con estos fines en zonas consideradas críticas, como intersecciones semaforizadas, avenidas, rutas urbanas, accesos a la ciudad y dársenas.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Control Urbano y Operativo, que deberá intervenir de manera inmediata ante infracciones, con acompañamiento policial si fuera necesario. La normativa incluso contempla la posibilidad de demorar a las personas en caso de falta de arraigo o antecedentes.

 El texto también menciona antecedentes en otras ciudades del país, como La Plata, San Luis y Villa Mercedes, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se aplicaron regulaciones similares para abordar la misma problemática. Con esta medida, el municipio busca priorizar la seguridad vial y el orden público, al tiempo que abre el debate sobre la necesidad de políticas de contención y asistencia para las personas que dependen de estas actividades informales.