Para la audiencia pública se inscribieron más de 100 mil personas, el esquema definido por el oficialismo habilitó solo a 400 oradores. Este miércoles se realizó la primera audiencia con 200 oradores presenciales. El jueves se sumarán 200 oradores de forma virtual.
El volumen de inscriptos obligó a establecer filtros, pero distintos sectores advierten que la solución adoptada limita el debate real. La decisión no solo generó críticas desde la oposición, sino también entre organizaciones ambientales, académicos y especialistas en derecho, que consideran que el procedimiento podría afectar la legitimidad del proceso legislativo.
La discusión gira en torno a la modificación de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
La reforma impulsada por el oficialismo apunta a flexibilizar algunos aspectos regulatorios para habilitar mayores niveles de actividad económica —especialmente en minería e hidrocarburos— en zonas actualmente protegidas.

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