El proyecto oficialista busca modificar la normativa vigente desde hace 15 años, que protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Desde el oficialismo defendieron la reforma argumentando que permitirá “dinamizar inversiones mineras e hidrocarburíferas” en las provincias cordilleranas al generar un marco más flexible para atraer capitales.

En la vereda opuesta, legisladores de distintos bloques –entre ellos los representantes chubutenses– advirtieron sobre el impacto ambiental irreversible y los riesgos de debilitar la protección de las principales reservas de agua dulce del país.

La postura unánime de la delegación de Chubut refleja la sensibilidad particular de la provincia patagónica, que en los últimos meses sufrió graves incendios forestales y enfrenta una crisis hídrica recurrente. Además, el territorio alberga importantes glaciares y áreas periglaciales que podrían verse afectados por eventuales emprendimientos mineros o energéticos.

El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se espera un nuevo debate con posiciones divididas. Organizaciones ambientalistas como Greenpeace ya anticiparon que continuarán movilizándose para frenar la iniciativa.