En su respuesta, la Municipalidad dijo que la empresa no había completado el proceso administrativo y que Sarmiento no había sido parte ni había firmado el convenio de concesión, el cual además comprometió y confiscó interés soberano de la ciudad. Según su argumento, el reclamo debió ser para la Provincia.

Los camaristas le contestaron: “La contradicción resulta evidente; si reconoce los derechos activos de la parte actora no son sino facultades públicas concedidos por la Estado provincial de su propia titularidad, para la prestación del servicio público por agua potable a terceros usuarios, con lo que carece la concedente de toda legitimación pasiva para resultar deudora”.