La doctora Palucchini detalló circunstancias de lo ocurrido aquel día, cuando Fernando Fabricio Bustos y a Miguel Angel Epulef entre las 20 y 22, se apersonaron a la vivienda ubicada en cacique Nahuelquir al 1400 y sabiendo lo que hacían, habiéndose distribuido roles, atacaron violentamente a Daniel Pérez de La Rosa de 19 años y nacionalidad dominicana, propinándole golpes de puño, patadas y golpeándolo con todo tipo de muebles que se hallaban en el lugar. Si bien la víctima logra escapar hacia el exterior, decide regresar para buscar su teléfono celular, y una vez en el interior, nuevamente es agredido en forma violenta. En el fragor de la violenta agresión salen de la vivienda y a los golpes es llevado por calle Nahuelquir, cuando Bustos llevando un cuchillo de dimensiones le asesta una puñalada que le provoca heridas graves que derivan en su muerte.  La calificación es por el delito de homicidio simple en carácter de coautores, artículos 79 y 45 del código penal.

Destacó la funcionaria que subsisten los riesgos de fuga y entorpecimiento, y dio a conocer las medidas que se están llevando adelante, con la declaración de testigos y las pericias de ADN, así como también las sicológicas. Expuso sobre la expectativa de pena, considerando que la misma será de ejecución efectiva y remitió a la necesidad de preservar la integridad de cuatro testigos importantes para la causa, uno de los cuales inclusive aportó un video donde pueden observarse imágenes sobre lo sucedido. Por todo esto, pidió el mantenimiento de la medida de coerción para ambos hasta la realización de la audiencia preliminar.

A su turno, el defensor de los dos imputados, Javier Allende, deslizó que esta audiencia carecía de sentido y para ello mencionó el artículo 236 del código procesal penal, indicando que se debería contar con un tribunal con dos jueces al haber transcurrido un lapso de seis meses desde que están detenidos. Sin embargo, la Jueza Mirta Moreno consideró que se cumplía plenamente con las normas vigentes, ya que el artículo 235 del mismo código impone el control de la prisión, y al haber solicitado la fiscalía la continuidad de la misma, una vez tomada esa decisión la defensa puede ahí si pedir la revisión por dos jueces, en caso de no estar conforme con lo resuelto. Posteriormente, y ante lo comunicado por la magistrada, el mismo defensor pidió la nulidad de lo resuelto, lo que también fue rechazado por la Jueza dando continuidad a la audiencia.

Allende se opuso a la posibilidad de continuar con la prisión preventiva de sus defendidos, ya que entendió que solo se cuenta con la expectativa de pena, dado que las pruebas necesarias estaban en poder del Estado y en nada afectaría la libertad de sus clientes. En todo caso, pidió morigerar la medida con la firma en la oficina de ejecución tres veces por semana.

Mantuvo su posición la fiscalía y la Jueza, luego de escuchar a las partes, acordó con la parte acusadora en el sentido que existe la probabilidad de autoría y los peligros de fuga y entorpecimiento. Aseveró que la medida de coerción es proporcional y racional, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la expectativa de pena y determinó la continuidad de la prisión preventiva para Fernando Fabricio Bustos y Miguel Angel Epulef hasta la audiencia preliminar, previa a la probable elevación a juicio de la causa.