Se cancelaron los contratos con todas las grandes editoriales del mundo. Se suspendieron casi la totalidad de las actividades vinculadas con el programa Raíces, establecido como política de Estado por la Ley N° 26.421. Se desfinanciaron prácticamente todos los programas de colaboración internacional y multilaterales de cooperación científico-tecnológica. Se eliminaron de hecho los sistemas nacionales de grandes equipamientos científicos. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPCyT) sigue incumpliendo con los contratos vinculados con los proyectos PICT, no realizó nuevas convocatorias, y no financió las ya evaluadas y aprobadas. Hay parálisis del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) creado por la Ley N° 25.467. Se interrumpieron los programas Construir Ciencia y Equipar Ciencia. Es imposible gestionar los certificados ROECyT (que permiten la exención de gravámenes impositivos para la importación de bienes y aceleran los trámites aduaneros). 

Tal es el diagnostico sucinto que dio a conocer el Consejo Interuniversitario Nacional, creado en 1985 y que reúne a los rectores de universidades públicas sin distinción partidaria o ideológica, sobre la gravísima crisis que enfrentan esas casas de estudio y, por consiguiente, el sistema de ciencia y tecnología en su totalidad, ya que allí se origina el 70% de la producción científica local. 

De acuerdo con este análisis, entre los distintos organismos científicos, se destaca la fuerte caída registrada en el Conicet, que ya perdió 1.513 puestos de trabajo. Le siguen en orden descendente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con 734 pérdidas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 436. Se deben a despidos de personal administrativo, jubilaciones que dejan lugares vacantes y no son reemplazados, y a un éxodo de científicos que ya está dejando de ser anecdótico. Es una sangría que no cesa y representa una enorme amenaza para la supervivencia de la ciencia local. 

Por otro lado, además de la incertidumbre y la falta de fondos, el deterioro salarial empuja al poliempleo y a buscar alternativas fuera del país. 

Leonardo Amarilla es investigador asistente del Conicet y profesor adjunto en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Trabaja conservación de la biodiversidad en relación con el agro. Este licenciado en genética y doctor en Biología, soltero y sin hijos, se vio obligado a pensar en alternativas para sostenerse precisamente por la pérdida de poder adquisitivo. “Tengo una dedicación exclusiva en la UNC y la diferencia que recibo del Conicet es de apenas 200.000 pesos. Literal. Soy solo, pero tengo responsabilidades. Mis padres fueron muy, muy humildes y hoy están jubilados con la mínima gracias a la moratoria. Nosotros, con mis hermanos, somos la primera generación de universitarios. En el grupo familiar el deterioro fue tremendo. Tenemos que ayudarlos entre todos para que la familia sobreviva. Eso me lleva a tener que optar por el pluriempleo. Pero por ser mis tareas de dedicación exclusiva, tengo muchas incompatibilidades. Por eso, hago Uber”. 

Con una formación de grado y posgrado que ya llega a los 20 años (tiene 41), y con la exigencia de tener que afrontar evaluaciones constantes a lo largo de la carrera científica, Amarilla sin embargo subraya que no considera que el trabajador científico o el docente universitario deba gozar de más derechos que otro. “Para mí, lo grave acá es que las personas tengamos que tener tres o cuatro laburos para para comer y satisfacer las necesidades básicas –destaca–. Como otros, tengo que trabajar 14 horas, porque cumplo como debe ser mis ocho horas diarias en la Universidad, con mis alumnos, que los amo, y con el Conicet, y a la salida trato de hacer entre cinco y seis horas de Uber por día. La verdad es que no doy más”. 

Por eso, contra su voluntad, aclara, el científico es uno de los que viene pensando en emigrar; por lo menos, por un tiempo. De hecho, en estos momentos está tratando de cerrar un convenio con colegas brasileños para hacer una estadía en el país vecino. “Soy de los que siempre quiso volver a dejar algo en mi país, que tanto me dio, pero ahora ando medio arrepentido –confiesa, emocionado–. A cada uno nos toca desde diferentes lugares. Algunos con hijos, ya no pueden pagar la escuela; otros, como es mi caso, no alcanzan a pagar el alquiler. Pero lo más grave es la pérdida de expectativas de futuro”. 

Ayelen Branca, secretaria general de ATE Córdoba, es graduada en Filosofía y terminó su tesis de doctorado en Estudios Sociales de América Latina. Se presentó a un posdoc, sin muchas esperanzas, porque ya se había adelantado que no iba a haber recursos para el área de humanidades. “En la convocatoria de Proyectos de Investigación Plurianuales (PIP), directamente no figuran. Entonces, la esperanza de poder concretar un futuro trabajo de investigación en la Argentina es bastante nula”, cuenta. 

Aunque trabaja algunas horas como docente de nivel medio, y viendo que las condiciones de trabajo son deplorables, la única alternativa que encuentra viable en este momento es irse con una beca posdoctoral al exterior.