Resolución 187/2025.

“Ustedes lo habrán escuchado o lo habrán leído en los medios, cuando se refieren a través de una resolución, que es la 187-2025, hacia las personas con discapacidad intelectual como imbéciles, idiotas, débiles mentales y después salen a pedir disculpas, diciendo que van a modificar esas palabras. La realidad es que nosotros necesitamos la derogación de esa resolución, porque tiene escondida un sistema de evaluación para la persona con discapacidad, con un método que es el baremo. Un método que mide la discapacidad en porcentaje de una persona, como si eso fuera posible, olvidándose del contexto social”.

“Hoy están llegando miles de cartas documento, intimando a las personas, con discapacidad, como si fuesen delincuentes, para que presenten informes en un lapso de un mes”. Hay que recordar que muchos turnos médicos llevan tiempo, por lo cual hay personas que pueden perder el beneficio económico de una pensión no contributiva por invalidez, y además perder la posibilidad de acceder a tratamientos de parte del programa federal ‘incluir salud’.

Carina nos comenta que aumenta la preocupación por la derogación de la ley de cupo laboral para las personas con discapacidad, “esto es un gran retroceso, no les van a dar pensiones y tampoco los van a dejar trabajar, ¿Qué quieren hacer con las personas con discapacidad?”.

“El baremo es la motosierra de la discapacidad”.

“Estamos viviendo meses dificilísimos, vemos los cambios, así como dije, el baremo es la motosierra de la discapacidad. También estamos viendo cómo hoy la Superintendencia de Servicios de Salud, que debería velar por los derechos de los afiliados, se pone del otro lado del mostrador y defiende los intereses de las obras sociales”.

“Estamos hablando de que la movida hoy es en Capital Federal, pero el sistema en todo el país se está viendo afectado y a todo tipo de discapacidades” A esto se le suma, nos comenta Carina, que las familias están teniendo barreras nuevas, “antes teníamos como monotributistas sociales, de 580 obras sociales que tenía la Superintendencia de Salud, hoy tenemos 35 que están dispuestas a trabajar con los monotributistas. Eso también es un golpe al tratamiento, al acceso a la salud y a los derechos de las personas con discapacidad”.