Pamela Demes se pronunció sobre la grave situación que atraviesan los inquilinos en la provincia. Durante una entrevista con Carlos Ojeda para Pulso de Radio, Demes destacó que la realidad económica de las familias arrendatarias es extremadamente frágil, en gran parte debido a los altos costos de alquiler y servicios básicos como el gas y la luz.

"Nos sumamos a la Defensoría del Pueblo en la medida de amparo respecto del pago de los servicios. La realidad económica de las familias inquilinas es tan frágil que creemos necesario generar conciencia sobre esta desregulación total que ha hecho el Estado Nacional", explicó Demes.

La referente mencionó que los aumentos en las tarifas de gas han sido desproporcionados, con incrementos de entre el 400% y 600% en lo que va del año. "El salario de un trabajador empleado de comercio destina aproximadamente el 20% a pagar luz, gas e internet, mientras que el alquiler consume entre el 60% y 70% de sus ingresos", señaló, subrayando la dificultad de hacer frente a estos gastos.

Demes también comentó sobre la falta de regulación en las renovaciones de contratos de alquiler y la ausencia de negociación entre inquilinos y propietarios. "Las renovaciones se han convertido en una tierra de nadie. Los aumentos no son progresivos en función de los alquileres anteriores, sino según los valores del mercado impuestos por los propietarios", afirmó.

El Sindicato de Inquilinos comparte regularmente un cuadro comparativo de los valores de alquiler en toda la provincia, indicando que el alquiler de un departamento de dos habitaciones puede llegar a 450.000 pesos, mientras que un monoambiente ronda los 250.000 pesos. "Estos valores son exorbitantes y están muy por encima de la capacidad de pago de los trabajadores", advirtió Demes.

Además, Demes denunció irregularidades en los contratos, como la falta de facturas y aumentos ilegales. "Muchas consultas que recibimos son sobre contratos gestionados por inmobiliarias que no entregan facturas y aplican aumentos fuera de lo estipulado", agregó.

Para enfrentar estas problemáticas, el Sindicato de Inquilinos está coordinando con la Defensoría del Pueblo un amparo para que los inquilinos en situación compleja puedan reclamar el pago de sus servicios. "Proponemos que las personas completen un formulario que estamos compartiendo en nuestras redes, y la Defensoría se contactará para resolver su situación", explicó Demes.

Pamela Demes concluyó haciendo un llamado urgente a la regulación provincial del mercado inmobiliario para proteger a las familias inquilinas y evitar que terminen en la calle. "Es necesario que se implementen medidas de regulación para evitar que más familias se vean perjudicadas", finalizó.